La escalada de tensión entre el Gobierno y el periodismo sumó un nuevo capítulo con la decisión de restringir el acceso de trabajadores de prensa a la Casa Rosada, una medida que generó fuertes cuestionamientos políticos y derivó en una denuncia penal contra el presidente.
La diputada nacional Marcela Pagano, electa por el oficialismo en 2023, presentó una acción judicial en la que calificó la medida como “un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia”. En su planteo sostuvo que la sede gubernamental no es un ámbito privado y que no puede limitarse el ingreso de periodistas acreditados de manera discrecional.
En la denuncia, Pagano argumentó que la restricción vulnera los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional —que garantizan la libertad de prensa y prohíben la censura previa— además de compromisos internacionales con jerarquía constitucional. También advirtió sobre un “patrón sistemático de hostigamiento institucional” hacia los medios, al que vinculó con decisiones previas como el cierre de la Télam y la suspensión de la pauta oficial.
En paralelo, un grupo de legisladores —entre ellos Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade— impulsó un proyecto de resolución para expresar un “enérgico repudio” al cierre de la Sala de Periodistas y reclamar al Poder Ejecutivo que garantice el acceso a la información pública.
La restricción se aplicó este jueves, cuando personal de seguridad —dependiente de la Casa Militar y la Policía Federal— impidió el ingreso de unos 60 trabajadores acreditados, basándose en una lista predefinida. Desde el Gobierno justificaron la decisión en la necesidad de prevenir presuntas maniobras de espionaje ilegal, tras la difusión de imágenes de áreas restringidas del edificio en un informe televisivo.
En ese contexto, autoridades de seguridad radicaron una denuncia ante el juez Ariel Lijo contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, ambos del canal TN, por la filmación de sectores internos durante la cobertura de las internas políticas en el entorno presidencial.
La decisión coincidió con una reunión del mandatario con el empresario Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, lo que alimentó especulaciones sobre eventuales acuerdos en materia de inteligencia y análisis de datos con el Estado, en coordinación con la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Lejos de moderar el conflicto, Milei profundizó su postura en redes sociales, donde celebró la exclusión de periodistas y utilizó términos descalificadores para referirse a la mayoría de los trabajadores de prensa, lo que incrementó las críticas desde distintos sectores políticos y periodísticos.