La decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada generó una reacción poco habitual incluso entre voces cercanas al oficialismo. La periodista Mercedes Ninci expresó públicamente su rechazo y cuestionó con dureza la medida, marcando un quiebre en su posicionamiento habitual.
“¿Hasta cuándo vamos a bancar esto? ¡Si fuera Cristina estaríamos haciendo un escándalo!”, escribió en redes, en alusión a Cristina Fernández de Kirchner, figura a la que históricamente criticó. Su mensaje rápidamente se viralizó por el contraste entre su línea editorial previa y el tono de la crítica actual.
La resolución oficial dejó sin efecto las acreditaciones vigentes para periodistas, tanto argentinos como extranjeros, e impidió el acceso a la sede presidencial. Según trascendió, incluso se eliminaron los registros biométricos utilizados para el ingreso, lo que en la práctica bloquea la cobertura presencial en uno de los principales ámbitos institucionales del país.
Desde el Gobierno justificaron la medida en una denuncia impulsada por la Casa Militar contra periodistas del canal Todo Noticias, a quienes se acusó de presunto espionaje ilegal tras la difusión de imágenes captadas en pasillos internos de la Casa Rosada. Sin embargo, el alcance de la decisión —que afecta a la totalidad de los acreditados— fue interpretado por distintos sectores como desproporcionado.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó su “máxima preocupación” y calificó la medida como “intempestiva” y sin antecedentes desde el retorno democrático en 1983. En esa misma línea, otros periodistas y analistas advirtieron sobre el impacto que podría tener en la libertad de prensa y el acceso a la información pública.
El episodio reabre un debate sensible en la Argentina: los límites entre la seguridad institucional y el ejercicio del periodismo. Y, sobre todo, deja expuesta una tensión creciente entre el Gobierno y los medios, ahora con críticas que ya no provienen únicamente de sectores opositores.