La Argentina atraviesa una crisis que excede los números fríos y se mete de lleno en la vida cotidiana de millones de personas. Desde la llegada de Javier Milei y Luis Caputo al gobierno en diciembre de 2023, el ajuste fiscal y la apertura comercial se tradujeron en despidos masivos, cierre de empresas y comercios, caída del poder adquisitivo y desmantelamiento de organismos estatales que cumplían funciones esenciales.
Más de 66.000 trabajadores del Estado fueron despedidos, mientras que el sector privado registrado perdió entre 190.000 y 206.000 puestos formales. A esto se suman cientos de miles de empleos informales destruidos en pymes y comercios, que no figuran en las estadísticas oficiales pero que se sienten en cada barrio.
El cierre de más de 24.000 empresas y miles de comercios en todo el país refleja la magnitud de la recesión. La industria manufacturera, el transporte, la construcción y el comercio minorista fueron los sectores más golpeados.
En paralelo, organismos como el INTA y el INTI dejaron de funcionar, eliminando el control estatal sobre productos nacionales e importados y borrando de un plumazo la protección al consumidor. La consecuencia es un mercado sin regulación, donde los ciudadanos quedan expuestos a precios abusivos y productos de calidad dudosa.
La pérdida de empleo formal empuja a miles de trabajadores hacia la informalidad: choferes de Uber, repartidores de Rappi o PedidosYa, y changas digitales que apenas alcanzan para cubrir una parte del salario perdido.
El poder adquisitivo se desplomó frente a la inflación, el consumo interno se contrajo y el humor social se deterioró. La sensación de que “no alcanza” se volvió cotidiana, y la inseguridad laboral genera incertidumbre en todos los sectores.
La política económica del gobierno no solo redujo el gasto estatal y la cantidad de empresas, sino que desestructuró el tejido social argentino. El ajuste dejó de ser un debate técnico y se convirtió en un factor central de la vida diaria, marcando el ánimo de la sociedad y la estabilidad de millones de argentinos.
El resultado es un país donde el trabajo escasea, el consumo se derrumba y el Estado se retira de funciones que eran más que funcionales: eran necesarias para garantizar derechos básicos.