Se frena un acuerdo con el Gobierno por el financiamiento
Las negociaciones entre el Gobierno nacional y las universidades públicas estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo este lunes, pero terminaron empantanadas por una condición impuesta por la Casa Rosada que los rectores consideran inaceptable: retirar la demanda judicial presentada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El encuentro, realizado con extrema discreción para evitar repercusiones políticas prematuras, reunió al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas de todo el país.
Sobre la mesa apareció una propuesta económica que, según admiten incluso fuentes del sistema universitario, representa el acercamiento más significativo del Gobierno desde que comenzó el conflicto presupuestario y que podría haber allanado el camino hacia una solución.
La oferta oficial contempla una recomposición salarial del 24,3% para docentes universitarios, destinada a recuperar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante 2024 y 2025, además del desfase registrado durante los primeros meses de 2026. El incremento se abonaría en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
A ello se suma la creación de una comisión técnica para discutir las diferencias pendientes de 2024 y la promesa de establecer negociaciones paritarias trimestrales para evitar nuevos atrasos salariales.
El paquete incluye además un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano, una actualización del 20% en las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y un refuerzo extraordinario de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios, una de las áreas más afectadas por el congelamiento presupuestario.
Sin embargo, cuando las conversaciones parecían encaminarse hacia un entendimiento, surgió el principal obstáculo político. El Gobierno condicionó cualquier acuerdo al retiro de la demanda judicial impulsada por las universidades para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
La norma establece actualizaciones presupuestarias vinculadas a la evolución de la inflación y contempla recursos para salarios, becas y funcionamiento. Según estimaciones del sector universitario, su plena ejecución implicaría una erogación cercana a los 2,5 billones de pesos, cifra que el Poder Ejecutivo considera incompatible con su objetivo de mantener el superávit fiscal.
La respuesta de los rectores fue contundente.
"Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es una situación negociable", señalaron desde el ámbito universitario, dejando en claro que la acción judicial constituye una garantía institucional que no están dispuestos a resignar.
Para las autoridades académicas, la existencia misma de la propuesta oficial demuestra que el Estado dispone de recursos para mejorar el financiamiento universitario, contradiciendo uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno para rechazar la ley votada por el Congreso.
Desde el sistema universitario sostienen además que abandonar la demanda implicaría renunciar a una herramienta de presión clave antes de contar con garantías concretas de cumplimiento por parte del Ejecutivo.
La controversia refleja un conflicto más profundo que trasciende las cuestiones presupuestarias. Mientras el Gobierno de Javier Milei busca preservar su política de equilibrio fiscal y reducción del gasto público, las universidades denuncian que el ajuste recae sobre uno de los sectores estratégicos para el desarrollo científico, tecnológico y educativo del país.
La disputa también evidencia las limitaciones de la estrategia oficial. Tras meses de confrontación con el sistema universitario y dos masivas marchas federales que movilizaron a cientos de miles de personas en todo el país, el Gobierno terminó acercando una propuesta que reconoce parte de los reclamos que previamente había rechazado.
Desde la Casa Rosada, en tanto, cuestionan la postura del Consejo Interuniversitario Nacional, presidido por Franco Bartolacci, y consideran que la negativa a abandonar la vía judicial responde más a condicionamientos políticos internos que a una imposibilidad real de negociación.
Por ahora, ambas partes aseguran mantener abierta la puerta al diálogo. Sin embargo, el conflicto parece haber ingresado en una etapa donde la discusión ya no gira únicamente en torno a montos presupuestarios, sino también sobre la autonomía universitaria, el respeto a las leyes aprobadas por el Congreso y los límites de la política de ajuste impulsada por el Gobierno nacional.
Con posiciones aún distantes, la posibilidad de un acuerdo dependerá de cuál de los dos sectores esté dispuesto a ceder. Mientras tanto, la incertidumbre continúa afectando a docentes, investigadores, estudiantes y hospitales universitarios que esperan una solución definitiva a una crisis que lleva más de dos años acumulando tensión.