Un peritaje judicial advierte que el sistema traslada toda la crisis económica a las familias.
A casi una década de la creación de los créditos hipotecarios UVA, un peritaje judicial incorporado a una causa que se tramita en la Justicia de Córdoba volvió a poner en discusión la sustentabilidad de un sistema que fue presentado como una solución para el acceso a la vivienda, pero que para miles de familias terminó convirtiéndose en una pesada carga financiera.
El informe técnico, elaborado por un especialista en economía y agregado a un expediente que enfrenta a un particular con una entidad bancaria de alcance nacional, concluye que el esquema de actualización por inflación traslada prácticamente todo el riesgo económico al deudor, mientras garantiza al acreedor la preservación del valor real del capital prestado.
La causa busca que la Justicia suspenda la indexación de la deuda mediante UVA o, alternativamente, que las cuotas se actualicen de acuerdo con la evolución de los salarios y no por inflación, una diferencia que se volvió determinante en una economía marcada por la pérdida constante del poder adquisitivo.
Los datos expuestos en el peritaje reflejan con claridad el problema estructural. Entre marzo de 2016 y agosto de 2025, el valor de la UVA acumuló un incremento superior al 11.000%, mientras que los salarios crecieron bastante menos. La consecuencia fue una brecha cada vez mayor entre los ingresos de los trabajadores y las obligaciones financieras derivadas de los créditos hipotecarios.
Según el análisis, el sistema funciona bajo una premisa difícil de sostener en la Argentina real: que los ingresos de los deudores evolucionen al mismo ritmo que la inflación durante períodos que pueden extenderse por veinte o treinta años. Cuando eso no ocurre, la relación entre cuota e ingreso comienza a deteriorarse progresivamente.
El informe detalla que, en el caso analizado, para mantener el mismo esfuerzo de pago los ingresos familiares deberían haber aumentado mucho más de lo que efectivamente crecieron. Año tras año, la diferencia entre la evolución de los salarios y la actualización de las cuotas generó un desfasaje acumulativo que fue reduciendo la capacidad de pago del deudor.
La conclusión resulta particularmente significativa porque cuestiona uno de los pilares conceptuales del sistema UVA. Mientras sus defensores sostienen que la indexación permite ofrecer créditos a largo plazo en contextos inflacionarios, el peritaje advierte que en realidad la inflación no desaparece del contrato sino que cambia de destinatario: deja de ser un problema para el banco y pasa a convertirse en una amenaza permanente para la economía familiar del tomador del crédito.
Otro de los aspectos destacados por el informe es la profunda asimetría de información entre las entidades financieras y los consumidores. El especialista sostiene que comprender plenamente los riesgos asociados a este tipo de contratos requiere conocimientos técnicos complejos sobre mecanismos de indexación, proyecciones inflacionarias y evolución del capital adeudado, herramientas que difícilmente posea un ciudadano promedio al momento de firmar un préstamo para acceder a su vivienda.
Desde esa perspectiva, el sistema podría presentar fallas estructurales que favorecen a una de las partes de la relación contractual y exponen a la otra a riesgos que muchas veces resultan imposibles de prever.
La discusión adquiere especial relevancia porque los créditos UVA fueron promocionados como una herramienta de inclusión y acceso a la vivienda propia. Sin embargo, numerosos deudores denuncian desde hace años que la aceleración inflacionaria transformó ese objetivo en una situación de incertidumbre permanente, con cuotas que crecen más rápido que los ingresos y saldos de deuda que, lejos de reducirse, continúan aumentando pese a años de pagos.
Aunque el peritaje no emite una valoración jurídica sobre la validez de los contratos, sí aporta elementos técnicos que podrían influir en futuras decisiones judiciales y reabre un debate que el sistema financiero y los sucesivos gobiernos han evitado resolver de fondo.
La pregunta que surge de este nuevo informe es tan simple como inquietante: si después de diez años los créditos UVA siguen dependiendo de que los salarios acompañen una inflación que históricamente los supera, ¿se trata realmente de una herramienta sostenible para acceder a una vivienda o de un mecanismo que termina trasladando las crisis económicas directamente a los hogares argentinos?