El intento del Gobierno de dejar listo el proyecto de Súper RIGI para la próxima sesión fracasó en el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economías Regionales. La Libertad Avanza no logró reunir las firmas necesarias y el dictamen quedó bloqueado.
La resistencia provino de senadores de la oposición dialoguista —Maximiliano Abad (UCR), Carlos Espínola (peronismo crítico), Martín Goerling (PRO) y María Victoria Huala (PRO)— que reclamaron cambios de último momento. Su propuesta buscaba garantizar una mayor participación de proveedores nacionales en los proyectos alcanzados por el régimen de incentivos para inversiones superiores a US$1.000 millones.
El planteo incluía un margen del 15% a favor de la industria argentina frente a insumos importados, de modo que las empresas beneficiadas por el Súper RIGI estuvieran obligadas a contratar servicios o productos locales incluso cuando fueran hasta un 15% más caros que los extranjeros. La comparación debía realizarse sobre precios equivalentes puestos en destino, contemplando todos los costos asociados a la importación.
Ese reclamo se sumó a una modificación que el oficialismo ya había aceptado previamente: ampliar a bienes y servicios transables la cuota del 20% de participación nacional exigida a los emprendimientos que pretendan acceder a los beneficios fiscales. Sin embargo, la nueva propuesta llegó pocas horas antes del plenario y el oficialismo no tuvo tiempo de consultarla con el Ministerio de Hacienda. Ante la falta de respuesta, los senadores opositores decidieron no firmar el dictamen.
Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, reconoció la dificultad y dejó abierta la posibilidad de un repliegue: “Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, tendremos que quedarnos con el RIGI”. La frase refleja el trasfondo político: el Gobierno buscaba blindar por tres décadas a las grandes inversiones extranjeras, pero no logró convencer ni siquiera a sus aliados más cercanos.
El episodio expone la tensión entre un modelo que prioriza atraer capitales externos con beneficios fiscales y cambiarios, y la presión de sectores que reclaman condiciones mínimas para proteger la producción nacional. La falta de consenso en el Senado obliga al oficialismo a revisar su estrategia legislativa y deja en suspenso uno de los proyectos centrales de su agenda económica.