La funcionaria aclaró que el organismo defiende el patrimonio provincial y la Constitución, pero no investiga delitos. También negó que exista una persecución política contra el senador nacional.
La fiscal de Estado de Formosa, Stella Maris Zabala, explicó cuáles son las funciones del organismo que encabeza y advirtió que existe una confusión sobre su intervención en causas judiciales. Además, respondió a Francisco Paoltroni, quien responsabilizó al Gobierno provincial por la crisis de sus empresas y denunció una supuesta persecución política.
Zabala sostuvo que la Fiscalía de Estado tiene como misión defender los intereses patrimoniales de la provincia y la Constitución. También interviene cuando se presentan demandas contra el Estado formoseño o cuando la provincia inicia acciones contra el Gobierno nacional para proteger sus recursos y atribuciones.
“Soy fiscal de Estado, no judicial”
La funcionaria aclaró que el organismo no actúa como fiscalía penal ni investiga delitos comunes o conflictos entre particulares.
“Soy fiscal de Estado, no judicial”, señaló. Explicó que esas denuncias deben presentarse ante la Justicia provincial o federal, donde intervienen los fiscales judiciales correspondientes.
Zabala también se refirió a una eventual notificación de la Corte Suprema relacionada con la reforma constitucional de Formosa. Afirmó que la provincia todavía no fue notificada y anticipó que, cuando eso ocurra, defenderán el nuevo texto y la facultad de la provincia de dictar sus propias normas.
La fiscal destacó que la reforma fue aprobada por una Convención Constituyente integrada por representantes elegidos mediante el voto popular.
La respuesta a Paoltroni
En otro tramo de sus declaraciones, Zabala rechazó la acusación de persecución política formulada por Paoltroni, quien anunció el cese temporal de las actividades de sus empresas después de 25 años y responsabilizó al Gobierno de Gildo Insfrán.
La fiscal sostuvo que las actuaciones provinciales contra el senador se originaron en multas por desmontes ilegales. Remarcó que Paoltroni pudo ejercer su defensa, apeló las decisiones y recibió fallos adversos en primera y segunda instancia.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó la condena y ratificó una multa superior a los 101 millones de pesos, además de intereses y costas judiciales.
Zabala también recordó que fue rechazado el intento del legislador de ampararse en sus fueros parlamentarios para evitar el pago de las sanciones ambientales. “Fuera de la gesticulación y los gritos, los expedientes judiciales muestran la realidad de los hechos”, afirmó.
Sobre los embargos mencionados por Paoltroni, aclaró que fueron dispuestos por la ARCA, un organismo dependiente del Gobierno nacional, y que la administración provincial no tuvo intervención.
Finalmente, atribuyó los problemas financieros denunciados por el senador y la crisis de las empresas locales a las políticas económicas nacionales. Según Zabala, la situación responde al modelo que el propio Paoltroni defiende y promueve.