Agustina Bottini, militante peronista y autora de columnas de opinión publicadas en ADN Litoral, denunció que funcionarios vinculados al Gobierno de Leandro Zdero siguen de cerca sus publicaciones en redes sociales.
Las capturas que difundió muestran que Hugo Maldonado y Javier Mattina observaron sus historias de Facebook. No son dos usuarios desconocidos. Maldonado es presidente del Comité Provincial de la UCR y subsecretario de Derechos Humanos del Chaco. Mattina se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Resistencia y recientemente fue anunciado como nuevo gerente general de SAMEEP.
El episodio comenzó cuando Maldonado le escribió por Instagram y la llamó “Carolina”. En el mensaje mencionó sus amistades dentro del peronismo y le propuso contarle sobre su “bautismo” político en los brazos del exgobernador Deolindo Felipe Bittel.
Bottini respondió públicamente. “Si me vas a escribir, por lo menos aprendé mi nombre”, planteó antes de cuestionar la relación actual entre la UCR chaqueña y el Gobierno nacional de Javier Milei.
Después mostró que Maldonado y Mattina habían visto sus historias y se dirigió a los funcionarios que, según afirmó, “no paran de mirar” su perfil.
“Sigan mirando, que sé que el trabajo que vengo haciendo es un perno diario”, escribió. También sostuvo que al oficialismo le molesta que una mujer lo enfrente públicamente.
El peso de los cargos públicos
Observar una historia pública de Facebook no constituye un acto ilegal y el mensaje de Maldonado no contiene una amenaza explícita. La preocupación surge del contexto y de la diferencia de poder entre las partes.
Bottini publica cuestionamientos frecuentes contra Zdero, sus funcionarios y las decisiones de la gestión provincial. No oculta su militancia, pero esa pertenencia política no reduce su derecho a expresarse.
Los funcionarios también pueden responder críticas y participar del debate público. Sin embargo, representan al Estado y ocupan lugares desde los cuales una acción aparentemente menor puede ser percibida como una forma de presión.
El caso de Maldonado resulta especialmente delicado. Además de conducir el partido de gobierno, está al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Su función debería colocarlo entre los responsables de garantizar la convivencia democrática y proteger a quienes expresan ideas contrarias al poder.
En marzo, durante un acto por el 24 de Marzo, el Gobierno provincial destacó la necesidad de defender la democracia y respetar las disidencias. Maldonado participó de aquella actividad y habló sobre el valor de las instituciones. Esos principios también deben sostenerse cuando las críticas están dirigidas contra la gestión que integra.
Antecedentes que encienden las alarmas
Lo sucedido con Bottini se suma a otros episodios denunciados como formas de hostigamiento o disciplinamiento. El 13 de mayo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, dijo que promovería una querella criminal contra el periodista Roberto Espinoza por publicaciones sobre supuestos hechos de corrupción. Ese mismo día, la Policía detuvo al cronista Fernando Ojeda después de que intentara preguntarle a Zdero por la falta de agua y la deuda salarial con los docentes. FOPEA rechazó la detención y Ojeda denunció que fue esposado, incomunicado y humillado dentro de la comisaría.
Espinoza ya había sido despedido del canal público Somos Uno en 2024 y sostuvo que la decisión respondió a su posición política. A comienzos de 2025, otros 86 trabajadores fueron desvinculados de Radio Provincia y Somos Uno. Las organizaciones gremiales denunciaron el debilitamiento de los medios públicos, mientras el Ejecutivo presentó las medidas como parte de una reorganización.
ADN Litoral desarrolló estos casos en “Ataques a la libertad de expresión en Chaco: periodistas querellados, detenidos y preguntas sin respuesta” y “Zdero, propaganda y disciplinamiento: la prensa crítica bajo presión en Chaco”.
Una cuestión democrática
El Gobierno provincial debería aclarar si lo sucedido con Bottini responde a conductas individuales o si existe algún tipo de seguimiento sobre quienes cuestionan a la gestión. También debe garantizar que las críticas no provoquen represalias.
La libertad de expresión protege a todas las personas que participan del debate público y se debilita cuando desde el poder se instala la sensación de que cada cuestionamiento es observado y registrado.
Cuando funcionarios del Gobierno siguen de cerca a una voz opositora, el asunto deja de ser personal y se convierte en una cuestión institucional.
¿Está garantizada la libertad de expresión en el Chaco para quienes cuestionan al poder?