El puente General Belgrano, que une Chaco y Corrientes, se convierte en otro símbolo de la política económica de Milei: tarifas que duplican el costo de vida y beneficios sociales eliminados. La nueva concesión privada llevará el peaje de $1.500 a $3.480 por cruce y terminará con el sistema que permitía atravesar el viaducto dos veces en una misma jornada pagando una sola vez.
El impacto es inmediato: trabajadores y estudiantes que cruzan diariamente deberán afrontar casi $7.000 por jornada, un gasto imposible en medio de la crisis del poder adquisitivo. La medida no solo encarece la movilidad, sino que destruye el esquema de pase por 24 horas que funcionaba como alivio mínimo para quienes dependen del puente.
El trasfondo es la privatización de los corredores viales nacionales. La Etapa III de la Red Federal de Concesiones adjudicó 3.920 kilómetros por 20 años, incluyendo el tramo Litoral de las rutas 12 y 16. La tarifa final ofertada por la empresa JCR junto a Néstor Julio Guerechet fue de $3.480,01. El Estado liquidó indemnizaciones a unos 150 trabajadores de las estaciones de peaje, cuya continuidad laboral queda en suspenso según la voluntad de las nuevas concesionarias.
La empatía oficial vuelve a estar del lado de las empresas y no de los usuarios. El gobierno garantiza rentabilidad privada mientras los trabajadores y estudiantes quedan atrapados en un esquema tarifario que multiplica sus gastos diarios. La eliminación del pase por 24 horas es más que un detalle técnico: es la confirmación de que la política pública se orienta a sostener concesionarios y no a proteger a quienes necesitan el puente para vivir y estudiar.
El cierre es claro: el puente General Belgrano, uno de los corredores más rentables del nordeste argentino, se transforma en un peaje de lujo inaccesible. La decisión desnuda la lógica de la gestión: empatía con los bancos, las fintech y las concesionarias; indiferencia hacia los ciudadanos endeudados y los trabajadores que sostienen la economía real.