La Justicia ordenó reparar de inmediato las rutas nacionales 7, 8 y 33 en Santa Fe, pero el fallo expone algo más grave: el Gobierno cobra un impuesto específico para mantener las rutas y destina ese dinero a otra cosa, violando la ley y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.
El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, responsabilizó al Estado nacional por el deterioro de las rutas y calificó la omisión como “arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”. La resolución deja en claro que la obligación de reparar las rutas subsiste aunque las obras se deleguen en concesionarias privadas. El Estado no puede desligarse de su deber.
El problema es estructural: mientras Vialidad Nacional aduce “restricciones presupuestarias”, el propio Gobierno recaudó más de $1,5 billones en impuestos a los combustibles destinados a infraestructura vial. Sin embargo, ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos para sostener el “déficit cero”. Esa maniobra derivó en una denuncia penal por malversación de caudales públicos.
La consecuencia es directa: rutas destruidas, inseguridad vial creciente y muertes evitables. El Estado cobra un impuesto con destino específico y lo desvía, configurando un delito. La Justicia lo reconoce como una omisión comunitaria: múltiples organismos —Transporte, Economía, Desregulación— incumplieron sus competencias y dejaron a los ciudadanos expuestos.
El caso de las rutas santafesinas es apenas un ejemplo. En Río Negro, el gobierno local denunció la misma inacción sobre la ruta 151. La trama es idéntica: se recauda para mantener las rutas, pero el dinero se usa para otra cosa.
La crítica es inevitable: el Estado nacional convierte un instrumento fiscal en una estafa institucional. Cobra por seguridad vial y entrega inseguridad. Recauda para rutas y entrega rutas destruidas. La violación de la ley no es solo administrativa: es política y social, porque cada bache, cada tramo abandonado, multiplica el riesgo de accidentes y muertes.
La orden judicial obliga a reparar, pero también desnuda la raíz del problema: un Estado que se financia con impuestos específicos y los desvía, transformando la recaudación en delito y la infraestructura en amenaza.