El debut de Adrián Ravier como vocero presidencial dejó en claro que el Gobierno no piensa modificar el rumbo de su política tarifaria, aunque el costo social sea cada vez más evidente. Con un tono más académico que Manuel Adorni, pero con el mismo desprecio hacia la situación económica de millones de argentinos, Ravier sostuvo que quienes no puedan afrontar las boletas de gas deberán “abrigarse más” en sus hogares.
La frase, que recuerda a las recomendaciones de Mauricio Macri durante los aumentos de tarifas de su gestión, expone la lógica oficial: trasladar el peso del ajuste directamente a los usuarios, mientras las empresas energéticas reciben el beneficio de la quita de subsidios. El nuevo vocero justificó la duplicación de los costos de gas, agua y electricidad apelando a la idea de “precios libres de mercado”, sin reparar en el impacto sobre familias que ya destinan gran parte de sus ingresos a sobrevivir.
El Gobierno insiste en que “no hay almuerzo gratis” y que cada individuo debe pagar lo que consume, pero omite que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de acceso a servicios esenciales. En un país con más de 40% de pobreza y salarios que pierden contra la inflación, la recomendación de “abrigarse” se convierte en un símbolo de desconexión con la realidad social.
La continuidad del discurso oficial, ahora en boca de Ravier, confirma que la administración de Javier Milei profundiza un modelo de ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables. La motosierra no se aplica a privilegios empresariales ni a beneficios financieros, sino a los hogares que deben elegir entre pagar la factura o resignar calefacción en pleno invierno.
Este episodio revela que el cambio de vocero no implica un cambio de rumbo: el relato se mantiene intacto, con un Estado que se achica para los ciudadanos y se acomoda para las corporaciones.