La puesta en marcha del arancelamiento hospitalario en Corrientes abre un frente de debate crítico sobre el rol del Estado en garantizar el acceso universal a la salud. La normativa sancionada en noviembre de 2025 y reglamentada en junio de 2026 establece que quienes tengan obra social, prepagas o ART deberán presentar esas coberturas para que los hospitales públicos cobren por la atención.
El Gobierno provincial sostiene que el sistema busca financiar y mantener la infraestructura sanitaria. Sin embargo, la medida traslada el costo de la crisis a los pacientes con cobertura, mientras deja en evidencia la fragilidad del esquema público. En un contexto de caída del poder adquisitivo y aumento de la informalidad laboral, miles de correntinos podrían quedar atrapados entre la obligación de pagar y la dificultad de sostener sus aportes.
El decreto asegura que quienes no tengan obra social seguirán siendo atendidos de manera gratuita, pero la segmentación es evidente: se instala un modelo donde el hospital público deja de ser un espacio igualitario y pasa a funcionar como prestador que factura a las entidades privadas. Esto tensiona la relación con las obras sociales y prepagas, que deberán absorber costos crecientes, y abre la puerta a conflictos judiciales y administrativos.
La crítica central es que el arancelamiento puede convertirse en un paso hacia la mercantilización de la salud pública, debilitando el principio de universalidad. En lugar de reforzar el financiamiento estatal, se opta por trasladar la carga a los usuarios y a las coberturas privadas, lo que puede derivar en un sistema más desigual y fragmentado.
El caso correntino refleja un dilema nacional: cómo sostener hospitales y centros de salud en medio de la crisis fiscal sin erosionar el derecho básico a la atención médica. La decisión de la provincia marca un precedente que podría replicarse en otras jurisdicciones y que ya genera preocupación en gremios y organizaciones sociales.