Vecinos de la zona norte y la concejal Lucila Masin impulsaron una acción judicial para detener descargas, quemas y movimientos de suelo cerca de una laguna clave para el sistema hídrico de Resistencia.
Vecinos de la zona norte de Resistencia y la concejal Lucila Masin impulsaron una acción de amparo ambiental para frenar la descarga de residuos, la remoción de suelo y las quemas en inmediaciones del Parque Caraguatá, uno de los espacios naturales más importantes de la ciudad por su función ambiental, hídrica y comunitaria.
La presentación judicial apunta contra la formación de un basural a cielo abierto en un predio cercano a una laguna que integra el sistema de escurrimiento hídrico de Resistencia. El planteo advierte que la acumulación de basura, los movimientos de tierra y la quema constante de residuos ponen en riesgo al humedal, deterioran la calidad del aire y afectan la salud de los vecinos.
El reclamo fue acompañado por registros fotográficos y audiovisuales que documentarían la descarga de materiales en el lugar. Los denunciantes sostienen que en el predio no sólo habría restos de poda, como se argumentó desde el ámbito municipal, sino también basura urbana, escombros y residuos de distinta naturaleza.
Lucila Masin llevó el reclamo a la Justicia
La concejal Lucila Masin aparece como una de las impulsoras de la presentación, junto a vecinos del sector. Su intervención se inscribe en una serie de reclamos previos por la protección del Parque Caraguatá, que ya había llegado a la Justicia por intervenciones municipales cuestionadas sobre el predio.
En abril, el Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia hizo lugar a un amparo ambiental contra la Municipalidad, ordenó frenar obras e intervenciones en el Parque Caraguatá y reconoció al espacio como sujeto de derechos. Aquella causa había sido promovida por concejales, vecinos y organizaciones, entre ellas Masin, Guillermo Monzón, Soledad Villagra, Ángel Sánchez, la comunidad Misión Eco y la Fundación Corrientes contra el Cambio Climático.
El fallo había cuestionado la falta de información pública, la ausencia de participación ciudadana y la realización de tareas con maquinaria pesada sin acreditar previamente estudios ambientales suficientes. Para la Justicia, lo más importante no era cómo se llamaban las tareas, sino si el Estado podía intervenir un humedal urbano sin garantizar controles, evaluación de impacto y transparencia.
Un humedal clave para Resistencia
El Parque Caraguatá es un espacio verde y forma parte de un sistema de reservorios naturales que ayudan a regular excedentes hídricos durante lluvias intensas. En una ciudad que convive con anegamientos, lagunas intervenidas y expansión urbana desordenada, afectar esos ambientes es tocar una pieza del sistema que ayuda a que el agua tenga adónde ir.
Vecinos y organizaciones ambientalistas también vienen advirtiendo sobre desmontes, tala de árboles nativos, pérdida de refugios de fauna y falta de acceso a información pública sobre las intervenciones. El área conserva cañadas, palmares, monte nativo y especies de valor ecológico, además de un uso comunitario y cultural sostenido durante años.
La nueva presentación judicial pide la suspensión inmediata de las descargas, las quemas y los movimientos de suelo. También busca que se adopten medidas preventivas para evitar un daño mayor sobre el ambiente y sobre quienes viven cerca del predio.
La causa tiene previsto un reconocimiento judicial el 2 de julio, instancia en la que se inspeccionará el lugar para evaluar el estado del terreno y las intervenciones denunciadas.
Con la destrucción de los humedales urbanos, como El Caraguatá, la ciudad pierde defensas naturales frente al agua, deteriora su biodiversidad y traslada el costo ambiental a los vecinos.