Organizaciones LGBTIQ+, activistas e integrantes de las disidencias sexuales del Chaco marcharon el sábado 27 de junio en Resistencia y se declararon en estado de alerta, asamblea y movilización permanente para reclamar respuestas urgentes del Gobierno provincial ante la emergencia social y habitacional que atraviesa el colectivo.
La movilización puso en el centro una serie de demandas concretas. Asistencia alimentaria, paradores con perspectiva de diversidad, aplicación efectiva del cupo laboral travesti-trans y una audiencia con el Ministerio de Desarrollo Humano para abrir una mesa de trabajo con respuestas reales.
El reclamo apunta a una situación que las organizaciones definen como crítica. La falta de ingresos, la precariedad habitacional y las dificultades para acceder a programas estatales golpean con más fuerza a personas travestis, trans y no binarias, que arrastran condiciones históricas de exclusión del trabajo formal, la vivienda, la salud y la educación.
Reclamo social y fuerte despliegue policial
Durante la marcha, las organizaciones también señalaron la exagerada presencia policial desplegada para custodiar una protesta pacífica. El operativo fue leído por activistas como una señal de intimidación antes que como una medida de cuidado, en una jornada donde el pedido central era comida, techo, trabajo y acceso a políticas públicas. La escena expuso una lógica repetida del Gobierno provincial de Leandro Zdero. Frente a un reclamo social, la primera respuesta visible fue el despliegue policial.
El pedido a Desarrollo Humano
Las organizaciones reclamaron una audiencia urgente con autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Subsecretaría de Género para abordar la situación de personas del colectivo que se encuentran sin vivienda, sin alimentos suficientes o en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Uno de los puntos centrales fue la necesidad de contar con paradores que contemplen la diversidad sexual y de género. No se trata sólo de abrir una cama disponible, sino de garantizar espacios donde las personas LGBTIQ+ no vuelvan a enfrentar discriminación, violencia o expulsión simbólica dentro de dispositivos que deberían protegerlas.
El Gobierno provincial sostiene que cuenta con paradores y centros de inclusión social para personas en situación de calle en Resistencia. Sin embargo, las organizaciones advierten que la respuesta estatal debe incorporar criterios específicos para las diversidades, especialmente para personas travestis y trans, cuya exposición a la violencia institucional y social suele ser mayor.
Cupo laboral travesti-trans
Otro eje del reclamo fue la aplicación efectiva del cupo laboral travesti-trans. A nivel nacional, la Ley 27.636, conocida como Diana Sacayán-Lohana Berkins, establece que al menos el 1% de los cargos y puestos del Estado nacional debe ser ocupado por personas travestis, transexuales y transgénero.
En Resistencia también existe un antecedente municipal. En 2018 se reglamentó una ordenanza que dispuso un cupo del 1% para personas trans dentro del municipio. Para las organizaciones, el problema no está sólo en la existencia de normas, sino en su cumplimiento efectivo, con ingresos reales, seguimiento y condiciones laborales dignas.
El pedido destaca que sin trabajo formal, la igualdad legal no se traduce en hechos concretos. Y cuando el Estado no cumple sus propias herramientas de reparación, la exclusión pasa a ser una realidad.
Alerta y movilización permanente
La declaración de alerta permanente implica que las organizaciones continuarán en asamblea y con acciones públicas hasta obtener respuestas. La marcha en Resistencia funcionó como una advertencia política al Gobierno de Leandro Zdero, pero también como un llamado a visibilizar una emergencia que suele quedar fuera de la agenda pública.
El reclamo habla de comida, techo, trabajo, seguridad y trato digno. Es decir, de derechos elementales.
Las organizaciones plantearon que la emergencia social y habitacional del colectivo LGBTIQ+ exige una respuesta inmediata, con presupuesto, articulación estatal y participación directa de quienes viven el problema. La pelota queda ahora del lado del Gobierno provincial.