La jueza María Soledad Serrano, del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, dio dos días al Gobierno del Chaco para responder el reclamo de comunidades originarias que piden asistencia alimentaria y sanitaria urgente.
El planteo fue realizado en el expediente Nº 3338/2026-1-C, caratulado “Asociación Civil Pueblos Originarios 19 de Abril; Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya c/ Gobierno de la Provincia del Chaco s/ Incidente”. Allí, asociaciones indígenas solicitaron una medida cautelar genérica y la declaración de emergencia alimentaria y sanitaria contra el Estado provincial.
Como medida urgente, pidieron que la Provincia implemente un comedor, un merendero y un desayuno diario en cada comunidad de los pueblos indígenas que habitan el territorio chaqueño, mientras dure el trámite judicial principal.
El reclamo por derechos básicos
La presentación fue impulsada por el abogado Juan Carlos Muro Segovia, en representación de la Asociación Civil Pueblos Originarios 19 de Abril, la Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya, la Asociación Civil Emprendimiento del Pueblo Moqoit y la Asociación Civil Aborigen Multicultural Moqomwichi.
Las organizaciones reclamaron que se garanticen derechos básicos de las comunidades indígenas, entre ellos vida digna, salud, asistencia médico-social, alimentación, agua potable, educación, vivienda, bienestar general, trabajo e inclusión social. También plantearon que esos derechos deben ser satisfechos de manera continua y permanente.
El expediente incorporó además otra presentación realizada el 22 de junio por representantes de pueblos Qom y Wichí, patrocinados por la abogada Griselda Vallejos Díaz. En ese escrito solicitaron intervención judicial para reclamar asistencia alimentaria, agua, comunicación y transporte para las comunidades que representan.
Según el informe del juzgado, los representantes comunitarios manifestaron que esas medidas no se estarían llevando adelante en la actualidad. El planteo vuelve a poner bajo revisión judicial la situación de comunidades originarias que denuncian falta de asistencia efectiva en territorios atravesados por necesidades alimentarias, sanitarias y de acceso al agua.
El antecedente del acampe wichí
El nuevo planteo judicial se produce pocos días después del levantamiento del acampe wichí en el acceso a Misión Nueva Pompeya. La protesta se sostuvo durante alrededor de dos semanas sobre la Ruta Provincial 3 y fue levantada tras la firma de un acta de compromiso con el Gobierno provincial.
El acuerdo incluyó compromisos vinculados con alimentación, salud, agua, producción y acceso a derechos. Sin embargo, las comunidades mantuvieron el estado de alerta para exigir el cumplimiento efectivo de lo firmado. La protesta había cobrado visibilidad tras la muerte de Sara Maldonado, una mujer wichí de 64 años, en un contexto de denuncias por falta de atención médica, hambre, tuberculosis y crisis sanitaria en El Impenetrable.
En ese marco, la presentación judicial funciona como una continuidad institucional del reclamo, donde las comunidades no solo piden asistencia, sino garantías concretas para que esa asistencia llegue de manera sostenida.
Qué resolvió la jueza
La jueza Serrano no resolvió todavía el fondo del reclamo. Lo que hizo fue correr traslado a la Provincia del Chaco por el término de dos días, bajo apercibimiento de ley, para que responda la presentación realizada por las asociaciones indígenas.
El documento judicial fija como día de notificación el 26 de junio de 2026. Desde esa fecha debe contarse el plazo otorgado al Estado provincial para expedirse.
Respecto de la presentación de los representantes Qom y Wichí, la magistrada también dispuso tener presente lo manifestado y hacer saber el planteo a la Provincia para que se expida.
En términos procesales, la Justicia puso al Gobierno provincial frente al reclamo y le otorgó un plazo breve para contestar. La decisión no implica aún la apertura de comedores o merenderos, pero sí obliga a la Provincia a responder ante el juzgado sobre el pedido de asistencia urgente.
El caso vuelve a exponer una deuda estructural del Estado chaqueño con los pueblos originarios, a quienes debería garantizar condiciones mínimas de alimentación, salud, agua segura, comunicación y transporte en comunidades históricamente postergadas. Ahora, el Gobierno deberá responder ante la Justicia qué medidas adoptará frente a un reclamo que apunta a derechos básicos y urgentes.