La investigación por la desaparición de Axel González sumó un nuevo dato de gravedad institucional. Gendarmería Nacional allanó este lunes la Comisaría 2ª de Fontana y secuestró un patrullero que estaría vinculado a la presunta persecución del joven antes de que se le perdiera el rastro.
El procedimiento fue ordenado por la Justicia y se realizó en la dependencia donde prestaban servicio los efectivos policiales que tuvieron contacto con Axel. Además del móvil, los investigadores buscaron documentación y otros elementos para reconstruir qué ocurrió en las horas previas a la desaparición.
La medida vuelve a poner bajo sospecha el accionar de la Policía del Chaco, mientras la investigación avanza sobre una comisaría y sobre un vehículo oficial que podría aportar información clave para la causa.
La presión llega a la conducción policial
El caso vuelve a abrir preguntas sobre la conducción de la fuerza y sobre el respaldo político que mantiene el jefe de Policía, Fernando Romero. La desaparición de Axel no puede quedar reducida a una investigación penal sin consecuencias institucionales, mientras aparecen patrulleros, dependencias y agentes bajo revisión judicial.
El gobernador Leandro Zdero y el ministro de Seguridad Hugo Matkovich deben explicar qué controles se realizaron desde el inicio, qué información manejó la fuerza y por qué la Policía provincial siguió teniendo intervención mientras crecían las sospechas sobre su propio accionar.
Una causa que exige respuestas
Axel González permanece desaparecido desde hace más de un mes. Su familia reclama saber qué pasó y dónde está el joven. Cada nuevo avance judicial confirma que las primeras horas siguen siendo decisivas para entender la secuencia y determinar responsabilidades.
El allanamiento en la Comisaría 2ª de Fontana marca un punto importante para el rumbo de la investigación en la causa. Se deberá establecer si hubo persecución, qué rol tuvieron los efectivos involucrados y si existieron maniobras para ocultar información.
La desaparición de Axel exige verdad y funcionarios que den explicaciones. En una causa atravesada por sospechas sobre la propia Policía, el silencio político sólo agrava la desconfianza.