Manifiesto de Daniel Omar Montiel, militante del Nuevo Modelo Formoseño.
Argentina atraviesa una de las crisis morales, sociales, económicas y democráticas más profundas de su historia contemporánea. Mientras el hambre avanza, mientras se destruye el trabajo argentino, mientras se degrada la educación pública, mientras se abandona a jubilados, enfermos y personas con discapacidad, gran parte de la dirigencia política, judicial y mediática se limita a narrar la tragedia como si fuera un fenómeno inevitable.
Hablan. Declaran. Se indignan frente a las cámaras. Escriben comunicados. Publican mensajes en redes sociales. Pero no actúan. Y cuando quienes tienen el deber constitucional y moral de actuar no lo hacen, la omisión deja de ser neutralidad para convertirse en complicidad.
La Patria no se destruye solamente por la acción de quienes gobiernan contra el pueblo. También se destruye por el silencio cómodo de quienes observan la injusticia y eligen no intervenir. Porque no alcanza con relatar el incendio. Hay que apagarlo. No alcanza con describir la ilegalidad.
Hay que detenerla. No alcanza con decir “esto es inconstitucional”. Hay que sancionar a quienes violan la Constitución. No alcanza con denunciar abusos. Hay que impedirlos. Menos relato. Más realidad. Menos retórica. Más acción.
I. La república de los espectadores: Una dirigencia que describe el desastre mientras el pueblo paga las consecuencias
La Argentina se ha llenado de especialistas en narrar tragedias. Legisladores que explican perfectamente qué artículos de la Constitución fueron violados… pero jamás impulsan las sanciones necesarias. Juristas que detallan con precisión los abusos del poder… pero nunca firman resoluciones que los detengan. Gobernadores “dialoguistas” que dicen defender al federalismo mientras negocian silenciosamente con quienes destruyen la Nación. Dirigentes que denuncian el ajuste… pero luego votan leyes que lo consolidan.
Todos hablan de gravedad institucional. Nadie actúa con la gravedad que la situación exige. Se ha instalado una política convertida en espectáculo discursivo. Una dirigencia que cree que cumplir con el pueblo consiste únicamente en declarar preocupación frente a las cámaras.
Pero mientras ellos relatarán: los jubilados son golpeados en las calles; los trabajadores pierden derechos conquistados durante generaciones; los medicamentos desaparecen; los tratamientos médicos se suspenden; aumentan las muertes evitables; las personas con discapacidad son abandonadas; la pobreza infantil se multiplica; la desocupación destruye familias enteras; miles de comercios y pequeñas empresas cierran; jóvenes emigran porque sienten que el país les niega futuro; la educación pública es desfinanciada; la soberanía nacional se debilita; las tropas extranjeras ingresan al país sin autorización del Congreso; la tierra se vende en forma ilimitada a los extranjeros; los recursos naturales se entregan; se sigue endeudando al pueblo sin autorización del Congreso; se sancionan y promulgan leyes regresivas y anticonstitucionales; y la democracia comienza a vaciarse lentamente de contenido humano.
La historia juzgará no sólo a quienes ejecutaron el daño, sino también a quienes pudieron frenarlo y eligieron mirar hacia otro lado.
II. La normalización del abuso: Cuando la injusticia cotidiana deja de escandalizar, la democracia empieza a morir
La Argentina asiste a una peligrosa normalización de hechos gravísimos que deberían provocar una reacción inmediata de todas las instituciones de la República. Pero no ocurre. Todo se comenta. Todo se analiza. Todo se convierte en debate televisivo. Y mientras tanto, el daño continúa avanzando.
Se naturaliza la exclusión social como si fuera un dato estadístico y no una tragedia humana. Millones de argentinos quedan fuera del sistema mientras el trabajo desaparece, las fábricas cierran, los pequeños comercios caen y familias enteras sobreviven entre la angustia y la incertidumbre.
Todos describen el drama. Pocos hacen algo real para detenerlo. Se habla de autoritarismo mientras crecen prácticas de persecución, hostigamiento y violencia institucional contra quienes piensan distinto.
Las fuerzas de seguridad golpean a jubilados, trabajadores, estudiantes y ciudadanos indefensos frente a cámaras de televisión, pero casi nunca aparecen responsables políticos ni judiciales dispuestos a impedir nuevos abusos.
Las imágenes recorren el país. Las denuncias existen. Los testimonios abundan. Pero las sanciones no llegan. Y cuando la violencia institucional no encuentra límites, la democracia comienza a vaciarse desde adentro.
III. El poder del odio y la impunidad: La violencia verbal desde el poder termina legitimando otras violencias aún más peligrosas
También se ha vuelto costumbre escuchar insultos permanentes desde las más altas esferas del poder. Un presidente agraviando periodistas, artistas, trabajadores, gobernadores, legisladores y hasta sectores enteros del pueblo argentino. Funcionarios humillando públicamente a quienes sufren. Diputados degradando el lenguaje democrático y ofendiendo símbolos patrios sin consecuencias políticas ni institucionales. La agresión verbal se convierte así en método de gobierno y la violencia simbólica termina habilitando otras violencias aún más graves. Porque cuando desde el poder se instala el odio como lenguaje cotidiano, toda la sociedad comienza a fracturarse.
Mientras tanto, los escándalos de corrupción aparecen una y otra vez. Funcionarios denunciados. Negocios incompatibles con la función pública. Privilegios obscenos. Uso indebido del Estado. Manejo oscuro de recursos públicos. Y casi nunca nadie termina preso. La impunidad se recicla gobierno tras gobierno como si la corrupción fuera parte natural del sistema y no una traición directa al pueblo.
Lo mismo sucede con denuncias gravísimas vinculadas al narcotráfico. Personas señaladas públicamente por vínculos narcos llegan a candidaturas, ocupan cargos, acceden a bancas legislativas o permanecen protegidas por estructuras de poder mientras gran parte de la dirigencia mira hacia otro lado. Todos dicen estar preocupados por el narcotráfico. Pero pocos están dispuestos a enfrentar verdaderamente sus redes de protección política y económica.
IV. La entrega de la Nación: Sin soberanía económica, territorial y social no existe verdadera independencia
También avanza silenciosamente la entrega de recursos estratégicos y tierras nacionales a intereses extranjeros mientras millones de argentinos no pueden acceder a una vivienda digna ni conservar sus propios territorios. Se discute soberanía en discursos patrióticos mientras en la realidad se debilita la capacidad nacional de decidir sobre sus riquezas, su economía y su futuro.
Y en medio de tanta desigualdad, el pueblo contempla otra injusticia dolorosa: argentinos vulnerables abandonados por el Estado mientras muchas veces reciben prioridad quienes no padecen el abandono histórico que sufren millones de compatriotas. No se trata de enfrentar pobres contra pobres ni pueblos contra pueblos. Se trata de denunciar una dirigencia incapaz de proteger primero la dignidad de su propio pueblo. Porque un Estado que abandona a sus jubilados, enfermos, discapacitados y trabajadores pierde autoridad moral frente a cualquier discurso humanitario.
V. La omisión también es violencia: Cuando las instituciones no defienden al pueblo, terminan protegiendo al abuso
¿Qué significa representar al pueblo? ¿Leer artículos constitucionales ante una cámara de televisión? ¿Explicar técnicamente una ilegalidad? ¿Publicar mensajes indignados en redes sociales? No. Representar al pueblo significa actuar para defenderlo.
Si un legislador sostiene que un acto del Poder Ejecutivo viola la Constitución y no impulsa las herramientas institucionales para frenarlo, entonces su denuncia se vuelve incompleta. Si un juez reconoce injusticias flagrantes pero jamás actúa de oficio para proteger derechos fundamentales, entonces la justicia deja de ser justicia y se transforma en espectadora del sufrimiento humano. Si un gobernador acepta el sometimiento económico de su pueblo para conservar privilegios políticos, entonces ha renunciado a la dignidad del mandato popular.
La Constitución no fue escrita para decorar bibliotecas. Fue escrita para ser defendida. Las leyes no existen para ser comentadas. Existen para ser aplicadas. La democracia no consiste solamente en votar cada ciertos años. La democracia exige vigilancia permanente, responsabilidad pública y coraje institucional. Porque cuando el poder deja indefensos a los más vulnerables y nadie interviene para impedirlo, la omisión se convierte en una forma de violencia.
VI. Los cómplices del silencio: También se sostiene un sistema injusto cuando se lo critica pero se lo sigue alimentando
Mientras todo esto ocurre, muchos dirigentes continúan representando una oposición puramente discursiva. Critican en los medios lo que luego sostienen con sus votos. Denuncian atropellos mientras negocian privilegios. Hablan de República mientras garantizan gobernabilidad a políticas que dicen rechazar. La contradicción ya no puede ocultarse. Porque también se apoya por omisión. También se sostiene por silencio. También se es cómplice cuando se elige la comodidad política antes que la defensa del pueblo.
Hay momentos históricos donde la neutralidad se vuelve inmoral. Cuando un anciano es golpeado. Cuando un niño pierde acceso a medicamentos. Cuando una persona con discapacidad es abandonada. Cuando el hambre avanza sobre millones. Cuando se destruyen derechos sociales básicos. Cuando se degrada la dignidad humana. En esos momentos, callar no es prudencia. Es cobardía. Y justificar la pasividad institucional en nombre de la “gobernabilidad” es abandonar al pueblo a su suerte.
VII. La gran estafa del falso liberalismo: No hay libertad verdadera donde reina el hambre, el miedo y la exclusión
Han querido confundir libertad con egoísmo. Han querido convertir la crueldad en virtud económica. Han querido instalar que la solidaridad es una debilidad y que el sufrimiento social es simplemente una consecuencia inevitable del mercado. Pero la verdadera libertad no consiste en abandonar al más débil. La verdadera libertad nace cuando cada ser humano puede vivir con dignidad.
No hay libertad con hambre. No hay libertad sin salud. No hay libertad sin educación. No hay libertad cuando un jubilado debe elegir entre comer o comprar medicamentos. No hay libertad cuando la violencia económica destruye familias enteras. La libertad auténtica jamás puede separarse de la justicia social, porque una sociedad donde unos pocos acumulan todo mientras millones son excluidos no es libre: es profundamente injusta.
VIII. La hora de la reacción moral: La patria necesita ciudadanos conscientes y dirigentes capaces de actuar antes del colapso definitivo
La Argentina necesita recuperar el valor de la acción transformadora. Necesita funcionarios que hagan cumplir la ley. Legisladores que controlen el poder. Jueces probos que protejan derechos. Ciudadanos que no naturalicen la injusticia. Necesita reconstruir el sentido moral de la responsabilidad pública.
Porque cada vez que una ilegalidad evidente no es sancionada, se debilita la República. Cada vez que una injusticia brutal no encuentra respuesta institucional, se erosiona la democracia. Cada vez que la dirigencia elige especular antes que actuar, el pueblo pierde confianza en el sistema. Y cuando un pueblo pierde esperanza en sus instituciones, se abre un abismo peligroso para toda la Nación.
Por eso este manifiesto no es solamente una denuncia. Es una convocatoria moral, cívica y patriótica. Un llamado a despertar la conciencia colectiva. Un llamado a recuperar el coraje ciudadano. Un llamado a comprender que la Patria no se salva con discursos vacíos sino con compromiso real.
La historia no absuelve a los indiferentes
La historia siempre termina preguntando lo mismo: ¿Qué hizo cada uno cuando la injusticia avanzaba? No bastará responder: “Yo sabía lo que estaba pasando.” La verdadera pregunta será: ¿Qué hiciste para impedirlo? Porque conocer una injusticia y no actuar frente a ella también deja huella en la historia.
La Argentina necesita menos relato y más realidad. Menos declaraciones y más decisiones. Menos oportunismo y más valentía. Menos indiferencia y más humanidad. La Patria necesita hombres y mujeres capaces de defender la verdad aun cuando resulte incómodo. Capaces de actuar antes de que el daño sea irreversible. Capaces de comprender que la democracia no sobrevive sola: debe ser defendida todos los días.
Que este manifiesto sea entonces una convocatoria a romper la pasividad. A transformar la indignación en acción. A recuperar la dignidad colectiva. Porque cuando el pueblo despierta y la conciencia social se pone de pie, ninguna injusticia puede eternizarse. Y porque la verdadera libertad sólo existe allí donde la dignidad humana es defendida con hechos y no solamente con palabras.
Adenda final: El derecho del pueblo a defender la democracia. Cuando las instituciones fallan, la conciencia cívica del pueblo se convierte en la última reserva moral de la Nación
Existe un momento en la historia de los pueblos en el que la indiferencia deja de ser una opción. Cuando la injusticia se vuelve cotidiana. Cuando el abuso se normaliza. Cuando la Constitución es ignorada. Cuando la democracia se debilita. Cuando el poder abandona a los más vulnerables. Cuando las instituciones callan frente al sufrimiento del pueblo. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿Quién defiende a la Patria cuando quienes juraron defenderla no lo hacen?
La respuesta histórica siempre ha sido la misma: El pueblo. Porque la democracia no pertenece a los gobiernos. Pertenece a la Nación. La Constitución no pertenece a los funcionarios. Pertenece al pueblo argentino. Y cuando las instituciones fallan en su deber moral y constitucional, la ciudadanía tiene no solo el derecho sino también la responsabilidad cívica de defender pacíficamente el orden democrático, la legalidad constitucional y los derechos fundamentales.
La propia Constitución Nacional Argentina reconoce ese principio. El artículo 36 establece que la Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpa su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, y reconoce el derecho de resistencia del pueblo frente a quienes ejecuten esos actos. Ese principio no significa violencia ni odio. Significa conciencia cívica. Significa movilización democrática. Significa participación popular. Significa defender la República mediante la organización social, la protesta pacífica, la acción ciudadana, la libertad de expresión, el compromiso institucional, y la resistencia democrática frente a cualquier forma de abuso o degradación del orden constitucional.
Porque una democracia verdadera no puede sobrevivir solamente por la existencia formal de instituciones. Necesita ciudadanos despiertos. Necesita un pueblo capaz de defender la verdad, la justicia y la dignidad humana aun en los momentos más difíciles. La historia argentina demuestra que ningún derecho fue conquistado por la pasividad. Cada avance social, cada ampliación de derechos y cada recuperación democrática nacieron de pueblos que decidieron ponerse de pie frente a la injusticia.
Por eso, cuando la Patria parece abandonada por quienes deberían protegerla, el pueblo debe actuar en consecuencia dentro de los principios democráticos y constitucionales. Debe organizarse. Debe participar. Debe reclamar. Debe registrarse. Debe denunciar. Debe resistir pacíficamente toda forma de injusticia, corrupción, exclusión o abuso de poder. Porque callar frente al deterioro de la democracia también puede transformarse en una forma de renuncia colectiva.
Solo el pueblo salvará al pueblo. Solo el pueblo salvará a la Patria. Solo el pueblo salvará la democracia y la Constitución. Y cuando la conciencia colectiva despierta, ninguna fuerza puede detener definitivamente la voluntad de una Nación decidida a defender su dignidad, su soberanía y su futuro.
Fuente: AGENFOR.