El oficialismo municipal impulsa una ordenanza para prohibir la actividad de los cuidacoches en toda la ciudad, con especial impacto en el micro y macrocentro. La medida llega en paralelo a operativos policiales que ya generaron cuestionamientos de la Defensoría General Adjunta del Poder Judicial del Chaco, que pidió explicaciones formales por detenciones difundidas en redes sociales oficiales.
Video difundido por la Policía del Chaco.
La iniciativa fue confirmada por el presidente del Concejo Municipal, Alejandro Aradas, quien sostuvo que el proyecto ya obtuvo despacho favorable en comisión y podría ser tratado el próximo martes. El argumento oficial es que existen denuncias de vecinos por intimidaciones, daños a vehículos y cobros compulsivos en zonas donde ya funciona el estacionamiento medido municipal.
Prohibir como respuesta rápida
Aradas defendió abiertamente el uso de la palabra “prohibición” y afirmó que el cuidado informal de autos “no es un oficio”. También señaló que el Municipio debe dar una respuesta a los vecinos que pagan el estacionamiento formal y denuncian situaciones de temor o extorsión.
El problema es que la prohibición trata como amenaza a un sector que, en muchos casos, sobrevive en la economía informal por falta de empleo. La discusión sobre seguridad urbana es legítima cuando hay denuncias concretas de violencia o daños. Pero una política pública seria debería distinguir entre delito, conflicto de convivencia y trabajo informal de subsistencia.
La tensión escaló después de que la Policía del Chaco difundiera un operativo contra cuidacoches. Según publicó Litigio, la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirz remitió un oficio al jefe de la fuerza, Fernando Romero, para que informe con precisión qué norma se habría infringido, bajo qué figura fueron retenidas las personas y por qué se aplicaron traslados, requisas y aparente uso de esposas.
El planteo judicial dice que del registro audiovisual no surgiría con claridad la infracción concreta atribuida ni la causa legal que habilitaba la restricción de libertad. La Defensoría también preguntó por qué se avanzó con una medida restrictiva ante una actividad informal sin conducta violenta ni delictiva visible en el video difundido.
Córdoba eligió otro camino
Mientras Resistencia discute la prohibición, la ciudad de Córdoba aprobó una ordenanza para regular el trabajo de los cuidacoches y sus cooperativas. La norma define zonas habilitadas, elimina el cobro en efectivo, fija el valor de la hora de estacionamiento y establece que la actividad se realice mediante una aplicación.
El esquema cordobés establece que la tarifa por hora será equivalente al 60% del valor de un litro de nafta premium. Del total recaudado, el 80% quedará para las cooperativas y el 20% ingresará al municipio. Además, los trabajadores deberán estar registrados en cooperativas, usar uniforme y pasarán a ser denominados “constatadores de servicios”.
La regulación cordobesa todavía requiere promulgación y la puesta en marcha de la aplicación para funcionar plenamente. También recibió críticas de la oposición, que cuestionó que no resuelve el problema estructural ni crea empleo genuino. Aun así, el modelo marca una diferencia política, en lugar de empujar la actividad hacia la persecución policial, intenta incorporarla a un sistema con reglas, registro, cobro digital y control municipal.
Entre el orden urbano y la criminalización
Resistencia tiene derecho a ordenar el uso del espacio público. También debe proteger a vecinos y conductores frente a situaciones de intimidación, daño o cobro compulsivo. Esa tarea exige controles claros, denuncias verificables, sanciones proporcionales y presencia estatal. Convertir la pobreza visible en una infracción permanente conduce a una política débil para combatir la realidad social que enfrenta.
La comparación con Córdoba deja una pregunta para el oficialismo resistenciano, ya que si otra ciudad pudo discutir registros, cooperativas, cobro digital, zonas habilitadas, porcentajes de recaudación y control municipal, ¿por qué Resistencia elige arrancar por la prohibición?
En una ciudad atravesada por el desempleo, la pobreza y la informalidad laboral, los cuidacoches no aparecen por vocación de molestar automovilistas. Aparecen porque el mercado formal deja gente afuera. Cuando el Estado responde sólo con prohibiciones y operativos, desplaza el conflicto, pero deja intacta la causa social del problema.
La seguridad urbana requiere reglas. La convivencia también. Pero una ciudad que sólo sabe prohibir a los pobres termina gobernando con patrulleros y reprimiendo un problema que tarde o temprano va a volver, como trapito o de cualquier otra forma. Resolverlo será necesario para el bien de todos, no sólo de aquellos que pueden pagar el estacionamiento.