En la ciudad de La Plata, el Tribunal Oral Federal Nº 1 condenó a 11 represores a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El veredicto fue leído por la Presidenta del Tribunal, Karina Yabor.
Este proceso judicial, que duró más de tres años, indagó en los delitos cometidos en tres centros clandestinos del circuito Camps (red constituida por 29 centros clandestinos de detención): el Centro de 1 y 60, la Comisaría Octava y la Comisaría Segunda de La Plata.
Se juzgaron a 13 represores por delitos de lesa humanidad perpetrados contra 300 víctimas. Todos los imputados fueron condenados. Como civil, recibió prisión perpetua Jaime Lamont Smart, quien se desempeñaba como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires al momento de los hechos.
También fueron condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad Jorge Alberto Crinigan, Israel Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Rubén Vicente Shez, Enrique Armando Cicciari, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda, y Jorge Héctor Di Pasquale. Por su parte, Lucas Marcelo Castro recibió la pena de 18 años de carcel.
Los condenados pertenecieron al Regimiento 7, la policía bonaerense, el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. Muchos de los acusados escucharon la condena desde sus casas con prisión domiciliaria y conectados por videollamada.
Entre todas las víctimas que se animaron a llevar adelante la denuncia penal contra los genocidas se encuentra Néstor Busso, fundador de Radio Encuentro, fundador del Foro Argentino de Radios Comunitarias, quien dio su visión y su balance en este día tan especial: «Pasaron más de 42 años desde la recuperación de la democracia, el fin de la dictadura y tres años de juicio en el Tribunal Federal de La Plata para que 300 víctimas de aquellos días de terror en La Plata y en todo el país viéramos un poco de justicia con la reafirmación del tribunal de que son delitos de lesa humanidad, que fue genocidio».
El fallo reconoció secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y sostuvo que los hechos ocurrieron en el marco del genocidio perpetrado en la dictadura militar. El reconocimiento de delitos de violencia sexual como parte del plan criminal implementado quedó plasmado en más de 60 sentencias dictadas desde 2006 a la fecha.
La abogada Guadalupe Godoy,en su rol de representación de las víctimas, habló de la importancia de esta condena en el marco de la verdad histórica de lo que pasó en nuestra región en la última dictadura: «Un juicio que termina de cerrar y mostrar cómo fue el esquema represivo en la región, cuál fue el rol que tuvo el Regimiento 7 del Ejército, que hasta ahora no había sido visibilizado. Numerosos actores civiles que participaron en el rol del Poder Judicial y también pudimos ver cómo desde el inicio mismo de la dictadura el blanco a atacar fue no solo la militancia estudiantil, la militancia popular, sino el movimiento obrero».
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