El INDEC informó que la inflación de abril fue del 2,6%, un dato que el gobierno de Javier Milei intentó mostrar como una señal de desaceleración, aunque la realidad económica sigue dejando fuertes interrogantes sobre el rumbo del plan oficial y el verdadero impacto sobre el bolsillo de los argentinos.
Con el nuevo índice, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año ya alcanzó el 12,3%, mientras que la variación interanual trepó al 32,4%. El dato no sólo refleja que los precios continúan subiendo a un ritmo elevado, sino que además deja al descubierto una contradicción cada vez más evidente en el discurso oficial: buena parte de las proyecciones inflacionarias para todo 2026 prácticamente quedaron consumidas antes de llegar a mitad de año.
La pregunta empieza a repetirse incluso entre economistas y sectores empresarios: ¿qué celebra realmente el Gobierno cuando la inflación sigue deteriorando salarios, jubilaciones y consumo, y cuando las metas que se presentaban como un éxito hace apenas meses ya fueron ampliamente superadas?
Aunque el índice de abril mostró una leve desaceleración respecto de meses anteriores, el alivio aparece muy lejos de sentirse en la economía cotidiana. La baja se da en un contexto marcado por caída del consumo, salarios rezagados, fuerte ajuste fiscal y una actividad económica que sigue mostrando señales de estancamiento.
Además, la desaceleración no implica estabilidad. Transporte encabezó las subas mensuales con un aumento del 4,4%, seguido por Educación con 4,2%, sectores directamente vinculados a decisiones oficiales como la quita de subsidios, los aumentos de tarifas y la liberación de precios regulados.
Desde mayo de 2025, cuando la inflación había perforado momentáneamente el 1,5%, el Gobierno no logró consolidar la tendencia descendente que prometía como uno de los pilares de su programa económico. Por el contrario, las tensiones cambiarias, los incrementos tarifarios y la pérdida de poder adquisitivo fueron deteriorando el escenario social.
Los números de pobreza también reflejan ese impacto. Según el propio INDEC, una familia tipo necesitó en abril $1.469.768 para no caer bajo la línea de pobreza. La Canasta Básica Total aumentó 2,5% en un solo mes y acumula una suba interanual idéntica a la inflación general: 32,4%.
En paralelo, el mercado ya comenzó a corregir sus propias expectativas. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina proyecta para mayo una inflación del 2,3%, mientras que recién para agosto algunos analistas estiman índices cercanos al 1,8%.
Sin embargo, incluso esas previsiones muestran un deterioro respecto de meses atrás, cuando varias consultoras alineadas con el oficialismo anticipaban una inflación cercana al 1% mensual para mediados de 2026. La realidad terminó desmintiendo esas proyecciones, en gran parte por el impacto de los aumentos en transporte, combustibles, servicios y alimentos.
Mientras tanto, el Gobierno continúa defendiendo el ajuste como único camino posible para sostener el equilibrio fiscal. Pero en la economía real, el costo empieza a sentirse con fuerza creciente: caída del consumo, comercios con ventas en retroceso, pymes en crisis y familias cada vez más endeudadas para afrontar gastos básicos.
En ese contexto, el debate ya no pasa solamente por si la inflación baja unas décimas respecto del mes anterior, sino por cuánto deterioro económico y social está dispuesto a tolerar el país para conseguir una desaceleración que todavía aparece frágil e insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido.