El Partido Justicialista del Chaco salió a respaldar al diputado provincial Santiago Pérez Pons después del comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que repudió sus cuestionamientos al juez de Garantías Luis Alberto Kubicek.
La discusión se originó en la causa que investiga presuntas irregularidades entre el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña y la Bolsa de Comercio del Chaco por operaciones financieras con fondos públicos. Pérez Pons fue uno de los denunciantes y se presentó como querellante particular en el expediente.
El juez Kubicek resolvió dejar sin efecto la resolución fiscal que había admitido al legislador como querellante. El Juzgado de Garantías anuló el decreto del Ministerio Público Fiscal del 4 de marzo de 2026 por “irregularidades sustanciales en la fundamentación fiscal” y sostuvo que esa decisión podía afectar garantías constitucionales del proceso penal.
Qué le cuestiona Pérez Pons al juez
Pérez Pons acusa a Kubicek de falta de imparcialidad para intervenir en una causa que involucra al Municipio de Sáenz Peña y al intendente Bruno Cipolini.
El planteo del diputado apunta a tres elementos concretos: el pasado institucional del juez dentro del ámbito municipal, su vínculo previo con la gestión local y la situación de su esposa, señalada como abogada del Estado municipal.
Según el escrito de recusación presentado por Pérez Pons, Kubicek fue juez de Faltas municipal, su designación anterior habría sido promovida por el Ejecutivo municipal y su juramento se realizó bajo la autoridad del intendente Bruno Cipolini. El mismo texto sostiene que la cónyuge del magistrado fue designada como apoderada judicial del Municipio mediante una resolución municipal de diciembre de 2024.
Para Pérez Pons, esos vínculos generan una duda objetiva sobre la imparcialidad del juez. Un magistrado con antecedentes funcionales en el municipio y con una relación familiar vinculada a la representación judicial del Ejecutivo local quedó interviniendo en una causa donde se investiga al mismo poder municipal.
En redes y medios locales también circularon imágenes que mostrarían al juez en actividades institucionales junto al intendente. El punto de Pérez Pons es que el vínculo institucional previo y la actuación actual de su esposa para el municipio comprometerían la apariencia de independencia judicial.
Qué dijo Magistrados
La Asociación de Magistrados respondió con un comunicado contra Pérez Pons. En ese texto expresó su “enérgico repudio” a las publicaciones del legislador contra el juez Kubicek y calificó los dichos como un “ataque inadmisible a la independencia judicial, pilar del Estado de Derecho”.
Ese comunicado fue el que activó la respuesta del PJ Chaco. Para el partido, Magistrados presentó la crítica al juez como un ataque al Poder Judicial, cuando el fondo de la discusión es la imparcialidad de un magistrado en una causa sensible.
El PJ sostuvo que “la independencia de jueces y fiscales no es un privilegio corporativo: es una garantía para toda la ciudadanía” y afirmó que la defensa de la magistratura pierde legitimidad cuando se transforma en “protección corporativa frente a cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus propios integrantes”.
La causa de fondo: fondos públicos y Bolsa de Comercio
El expediente judicial investiga presuntas irregularidades en operaciones financieras realizadas con fondos del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña a través de la Bolsa de Comercio del Chaco.
La denuncia fue presentada por concejales justicialistas saenzpeñenses y por Pérez Pons contra el intendente Bruno Cipolini, la secretaria de Economía Alejandra Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landrisina. La acusación apunta a posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
De acuerdo con esa denuncia, el municipio habría destinado recursos públicos a instrumentos financieros de alto riesgo, sin autorización específica del Concejo Deliberante y sin respaldo presupuestario claro. El planteo menciona un posible perjuicio cercano a los $2.500 millones, en el marco de una operatoria que podría alcanzar cifras mayores si se confirma la incobrabilidad total de los instrumentos involucrados.
Por eso el PJ sostuvo que la independencia judicial debe estar acompañada por imparcialidad verificable y mecanismos de control. En su comunicado cerró con una frase dura: “El fraude es fraude. La estafa es estafa. El delito es delito. No se arregla violando la ley”.
Comunicado:
Independencia judicial sí. Blindaje corporativo, no.
Sin imparcialidad no hay justicia independiente.
Frente al insólito comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios contra el legislador provincial Santiago Pérez Pons, tras el vergonzoso fallo del juez Luis Alberto Kubisek —en beneficio del mismo grupo político enquistado en el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña— que impidió la selección de dos fiscales por parte del Consejo de la Magistratura, el Partido Justicialista del Chaco sostiene, sin reservas, la independencia del Poder Judicial como pilar fundamental de la democracia.
La independencia de jueces y fiscales no es un privilegio corporativo: es una garantía para toda la ciudadanía. Precisamente por eso, cuando ese principio se invoca para obstruir el escrutinio público sobre la actuación de quienes ejercen el poder jurisdiccional, deja de ser una garantía democrática y se convierte en su contrario.
La independencia judicial no puede existir sin imparcialidad. Un juez independiente que no es imparcial no protege a la ciudadanía: la desprotege.
Cuando existen elementos públicos y verificables que generan dudas razonables sobre la imparcialidad de un magistrado en una causa de trascendencia, el silencio no fortalece a la justicia: la debilita. La verdadera defensa de las instituciones no consiste en blindar personas, sino en garantizar procesos transparentes y libres de cualquier condicionamiento.
La independencia judicial no puede ser utilizada como escudo para impedir que la sociedad conozca, analice y cuestione vínculos personales, sociales o políticos que puedan comprometer la confianza pública en una decisión judicial.
La crítica legítima a una actuación judicial no es un ataque al Poder Judicial: es el ejercicio del control ciudadano que todo Estado democrático requiere. Confundir ambas cosas no defiende la institucionalidad; la erosiona.
Lo que no puede tolerarse en una democracia es la defensa corporativa y selectiva de magistrados cuando lo que está en juego es precisamente la imparcialidad de su actuación. La ciudadanía necesita jueces imparciales, transparentes y ajenos a cualquier vínculo que pueda condicionar sus decisiones.
Por eso, el Poder Judicial debe garantizar mecanismos efectivos de control de la imparcialidad, actuar con transparencia ante señalamientos fundados sobre posibles conflictos de interés y no utilizar los canales institucionales para encubrir situaciones que comprometen la confianza pública en la justicia.
Por su parte, la Asociación de Magistrados debiera ejercer una defensa de la independencia judicial coherente, integral y no selectiva. Defender la independencia de la magistratura es una tarea noble e indispensable; pero esa defensa pierde legitimidad cuando se convierte en protección corporativa frente a cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus propios integrantes.
La Asociación debe ser guardiana de principios, no de personas. La imparcialidad no es una opción: es una obligación constitucional. Eso no debilita al Poder Judicial, lo fortalece.
No se puede utilizar al Poder Judicial, provincial ni nacional, como parte de una estrategia de extorsión política, ni como un mecanismo de espionaje ilegal, ni tampoco como una “vía legal” de contraespionaje derivada de investigaciones típicas de servicios de inteligencia, para desgastar opositores.
Ahora ya no hablan de Venezuela ni de otros países, pero estas operaciones típicas de esta derecha vendepatria solo pueden ser avaladas por el silencio cómplice de una justicia amordazada y de medios controlados.
Es peligroso para las instituciones democráticas y republicanas admitir esto como normal. No es normal inventar delitos, acusar sin pruebas, operar mediáticamente y, al mismo tiempo, desestimar denuncias y querellas que, siendo fundadas, pretenden arreglarse poniendo plata.
¡El fraude es fraude! ¡La estafa es estafa! ¡El delito es delito! No se arregla violando la ley.
Inés Ortega Isaías Vicepresidente 1°
Isaías Alegre Vicepresidente 2°
Juan Manuel Pedrini Sec. General