El Ministerio de Salud apartó a Orlando Di Núbila, el director regional que llevó a la Justicia el caso de Lidia Mabel Ojeda. En lugar de respaldar a quien detectó una irregularidad grave, el Gobierno lo sacó del cargo.
El escándalo por la médica trucha en Chaco sumó un capítulo todavía más incómodo para la gestión provincial. El Gobierno apartó a Orlando Di Núbila de la Dirección de la Región Sanitaria II, el funcionario que inició la denuncia penal contra Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos del interior chaqueño.
La salida fue informada por medios locales como parte de la Resolución N° 768/2026 del Ministerio de Salud, firmada por el ministro Sergio Rodríguez. En reemplazo de Di Núbila fue designado de manera transitoria David Oscar Pagano, quien continuará además al frente de la Dirección General de Regiones Sanitarias.
El Gobierno no apartó primero a un funcionario por no haber controlado el ingreso de una falsa médica al sistema, sino al funcionario que llevó el caso a la Justicia. Una señal delicada en una causa donde la pregunta es quién habilitó, quién omitió controles y quién permitió que una persona sin título atendiera pacientes.
El funcionario que denunció terminó afuera
Lidia Mabel Ojeda fue detenida en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, luego de permanecer prófuga con una orden de detención nacional. Está acusada de usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, tras haber utilizado una matrícula ajena para desempeñarse en hospitales chaqueños.
Ojeda habría trabajado en Quitilipi y Presidencia de la Plaza. También se investiga si tuvo intervención en otras localidades. El médico titular de la matrícula utilizada, Horacio Daniel Vázquez, también realizó una denuncia penal al detectar el uso irregular de sus datos profesionales.
Di Núbila había advertido públicamente que la situación era una “vergüenza nacional” y sostuvo que la falsa profesional firmó al menos diez actas de defunción. Ese punto todavía debe ser determinado por la Justicia, pero agrava la dimensión del caso.
Un cargo político bajo sospecha
El desplazamiento también expone otro costado del problema. Di Núbila no era un funcionario ajeno al oficialismo: en 2023 fue promovido como candidato a intendente de Machagai en el mismo armado político que respaldaba a Leandro Zdero para la Gobernación. Publicaciones de campaña de ese año lo ubicaban como postulante local junto al proyecto provincial de Juntos por el Cambio.
Si el cargo que ocupaba era de confianza política, ¿la remoción responde a una evaluación sanitaria o a una interna del propio oficialismo? La duda crece porque el apartamiento se produjo después de que el exdirector denunciara penalmente el caso y saliera a cuestionar al Gobierno.
Di Núbila acusó directamente a la gestión de Zdero de haberlo traicionado. Más allá del tono de la pelea interna, el punto institucional es serio: un funcionario que se supone actuó correctamente frente a una irregularidad grave terminó desplazado.
Versiones sobre nuevas denuncias
En redes denunciaron la existencia de un supuesto “cirujano trucho” en el Hospital Félix A. Pértile de General San Martín. Ese señalamiento muestra que el caso Ojeda abrió una alarma mayor sobre los controles de títulos, matrículas y contrataciones dentro del sistema sanitario provincial.
El Ministerio de Salud queda ahora frente a la responsabilidad de explicar cómo ingresó Ojeda al sistema, quién verificó su documentación, quién autorizó sus guardias, cuántos pacientes atendió y en qué hospitales actuó.
La salida de Di Núbila agrava el escándalo porque, en medio de una causa por una médica trucha, el Gobierno de Zdero echó a quien hizo la denuncia. En Salud Pública, los errores pueden costar vidas. Y castigar al que advierte sobre esas fallas es una pésima forma de ordenar el sistema.