El conflicto por las viviendas de General San Martín dejó una contradicción difícil de explicar para el Gobierno chaqueño: el IPDUV sostiene que una parte de las unidades debe volver a sortearse, mientras familias adjudicatarias denuncian que ya cuentan con resoluciones vigentes emitidas durante la gestión anterior.
Según la propia versión oficial, las casas que ya fueron adjudicadas por sorteo serán respetadas. El problema aparece con las viviendas asignadas por resolución, que el actual Gobierno pretende incorporar a un nuevo proceso de adjudicación. Ahí está el núcleo del conflicto, no en las unidades sorteadas.
El sorteo que no discuten y las resoluciones que el IPDUV desconoce
El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, afirmó que las viviendas reactivadas en General San Martín serán adjudicadas por sorteo público. También sostuvo que la Justicia declaró nulo un listado de adjudicatarios impulsado por el municipio y que se respetarán las viviendas ya adjudicadas mediante sorteo. Las restantes, según esa postura, entrarán a un nuevo proceso.
La discusión, entonces, se concentra en las familias que recibieron viviendas por resolución. El diputado nacional Aldo Leiva denunció que se trata de 138 familias adjudicadas hace dos años, con una resolución vigente, y cuestionó que el organismo pretenda desconocer esos actos administrativos.
Leiva sostuvo que Berecoechea accedió personalmente a una vivienda mediante una resolución similar a la que ahora el IPDUV objeta en el caso de familias de San Martín. El mecanismo que habría sido válido para su propia situación, aparece ahora desautorizado cuando lo invocan otros adjudicatarios.
Una gestión que muestra más reactivaciones que viviendas nuevas
El conflicto también expone el flojo desempeño de la política habitacional de Zdero. A más de dos años de gestión provincial, el Gobierno muestra pocas entregas concretas y buena parte de los anuncios están vinculados a obras iniciadas en la etapa anterior.
El propio informe oficial sobre General San Martín habla de viviendas “reactivadas”, con un avance físico del 75%, paralizadas desde mediados de 2023 y pendientes de servicios esenciales como energía eléctrica y agua potable. Es decir, el Gobierno no presenta un desarrollo nuevo desde cero, sino la continuidad de un complejo habitacional ya avanzado.
La misma lógica aparece en Quitilipi. En febrero, Zdero encabezó la entrega de 32 viviendas pertenecientes al programa FO.PRO.VI., ex Casa Propia Construir Futuro. La comunicación oficial destacó el acto como un avance habitacional, pero las unidades formaban parte de un programa anterior, aunque la Provincia ahora las presenta dentro de su plan de gestión.
El IPDUV también informó que mantiene en marcha más de 300 viviendas en unas 20 localidades. Pero el número, presentado como señal de actividad, queda corto frente al déficit habitacional provincial y confirma que la gestión se sostiene más en finalizaciones, reactivaciones y sorteos que en una política de construcción propia con volumen real.
El trasfondo político del nuevo sorteo
¿Por qué el Gobierno quiere volver a sortear viviendas que, según las familias, ya fueron adjudicadas por resolución? Un nuevo sorteo le permitiría a Zdero capitalizar políticamente la entrega, mostrarse como quien resolvió el problema y quedarse con el crédito de casas que ya estaban avanzadas y con beneficiarios definidos durante la gestión anterior.
Familias entre expedientes, policías y la calle
La situación en San Martín escaló además por el operativo policial denunciado por legisladores y vecinos. Leiva afirmó que se restringió el acceso al barrio sin orden judicial, mientras Rubén Guillón sostuvo que los vecinos tenían constancias de preadjudicación firmadas por el propio Instituto de Vivienda y que la convocatoria era pública y pacífica.
El Gobierno de Zdero pide transparencia, pero al mismo tiempo busca desconocer resoluciones que el propio Estado emitió. Y el titular del organismo queda atravesado por una contradicción, defender el sorteo como único camino legítimo mientras se lo señala por haber accedido a su vivienda por resolución. Para las familias que esperan una casa, la diferencia es tener una vivienda o quedar otra vez en la calle.