Fuertes críticas en la Cámara de Diputados al proyecto de “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, que el Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso de la Nación. El mismo busca crear un registro de personas habilitadas hacer gestiones o lobby ante funcionarios públicos, pero trata por igual a grandes corporaciones económicas y a organizaciones sociales o defensoras de derechos.
El proyecto es presentado por el Ejecutivo como una «iniciativa destinada a transparentar las interacciones entre actores privados y funcionarios públicos, estableciendo mecanismos de registro, publicidad y trazabilidad sobre las actividades de incidencia en los procesos de toma de decisiones estatales». Sin embargo, este miercoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Generalde la Cámara de Diputados se trató el texto, la mayoría de los expositores invitados expresaron sus cuestionamientos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las casi 200 organizaciones qiue se manifestaron esta semana contra el proyecto por las limitaciones que pone a la sociedad civil: «El proyecto es contrario al derecho a participar en la vida política y a peticionar frente a las autoridades» y denunciaron que «amenazaría la existencia misma de cientos de organizaciones sociales en todo el país».
En un comunicado firmado por esas organizaciones, sostuvieron que el proyecto de Ley «incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad».
En ese sentido, cabe destacar que según la normativa vigente las organizaciones de la sociedad civil ya tienen obligaciones de transparencia: rinden cuentas periódicamente ante los organismos de registro correspondientes, informando sus ingresos, egresos y proyectos.
Por lo tanto, «lejos de ampliar la transparencia, el efecto de una iniciativa de este tipo puede ser el contrario: desalentar la participación de organizaciones pequeñas, reducir la pluralidad de voces presentes en el debate público y fortalecer las desigualdades existentes entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes representan intereses colectivos o comunitarios», grupos afectados y sus familias, espacios como centros de estudiantes, iglesias y movimientos sociales.», aseguraron en el comunicado firmado por mas de 190 organizaciones.
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