Informe internacional ubica a la Argentina entre los diez peores países del mundo para los trabajadores.
La Argentina ingresó en 2026 al grupo de los diez países con peores condiciones para los trabajadores, según el Índice Global de los Derechos elaborado por la Confederación Sindical Internacional, la mayor organización sindical del mundo. El país descendió a la categoría 5, la calificación más baja del ranking, reservada para aquellas naciones donde, según la metodología del organismo, los derechos laborales fundamentales no están garantizados.
El relevamiento analiza la situación de 151 países a partir de 97 indicadores basados en convenios, recomendaciones y jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo. En la edición 2026, Argentina aparece junto a Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Türkiye dentro del grupo de naciones consideradas más hostiles para el ejercicio de los derechos laborales.
La caída argentina resulta especialmente significativa porque se produjo en apenas dos años. Según el informe, el país pasó de la categoría 3 a la categoría 5 durante la gestión del presidente Javier Milei, convirtiéndose en uno de los retrocesos más pronunciados registrados por el índice en el período analizado.
El documento advierte sobre un deterioro generalizado de las garantías laborales en todo el mundo, aunque señala que América y Europa registran una tendencia particularmente preocupante por el avance de restricciones a la actividad sindical y a la negociación colectiva. De acuerdo con los datos de la CSI, el 87% de los países vulneró el derecho de huelga, el 80% registró violaciones al derecho de negociación colectiva y el 75% limitó la libertad de afiliación sindical o dificultó la inscripción de nuevas organizaciones gremiales.
En el caso argentino, la entidad atribuye el descenso a una serie de reformas impulsadas por el Gobierno nacional que, según sostiene, debilitaron los mecanismos de protección laboral, restringieron espacios de diálogo social y limitaron herramientas históricas de representación de los trabajadores.
Entre los puntos observados aparecen las modificaciones introducidas en la legislación laboral, la ampliación de actividades consideradas esenciales durante conflictos gremiales y las restricciones impuestas al ejercicio de medidas de fuerza. Para la CSI, estas decisiones reducen la capacidad de negociación de los trabajadores frente a empleadores y al propio Estado.
El informe también cuestiona la política oficial frente a las protestas sociales. Según el organismo, las nuevas disposiciones en materia de seguridad ampliaron las facultades de intervención de las fuerzas federales y generaron condiciones que podrían desalentar la participación ciudadana en manifestaciones y reclamos públicos.
La central sindical internacional afirma que durante distintas protestas registradas en 2025 se contabilizaron más de 1.350 personas heridas, entre ellas jubilados, trabajadores y dirigentes sindicales. Asimismo, menciona conflictos vinculados con despidos en organismos públicos y fallos judiciales relacionados con cesantías de representantes gremiales.
Las conclusiones del informe coinciden con las críticas expresadas por la Confederación General del Trabajo y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, que vienen cuestionando las reformas impulsadas por el Gobierno. Las organizaciones sindicales sostienen que la estrategia oficial parte de una concepción económica que considera al trabajo como una variable de ajuste y no como un derecho protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el país.
En ese contexto, las centrales obreras anunciaron que presentarán una denuncia formal contra el Estado argentino ante la OIT durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. La presentación contará además con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y de la propia CSI.
El informe representa un nuevo frente de cuestionamientos internacionales para la administración de Milei. Mientras el Gobierno destaca los avances en materia de reducción de la inflación, equilibrio fiscal y desregulación económica, distintos organismos laborales advierten que esos resultados se estarían alcanzando en un escenario de creciente deterioro de los derechos laborales, pérdida del poder adquisitivo, precarización del empleo y debilitamiento de las herramientas de protección colectiva de los trabajadores.
La inclusión de Argentina entre los diez peores países del mundo para los trabajadores constituye una señal de alerta que trasciende el ámbito sindical. Además de impactar sobre la imagen internacional del país, el informe reabre el debate acerca de los límites entre las reformas económicas orientadas al mercado y la preservación de derechos laborales considerados fundamentales por los organismos internacionales.