Javier Milei volvió a escalar su discurso político en Israel con una frase de gravedad institucional y humana: dijo que “con determinadas culturas no vamos a poder convivir” porque, según sostuvo, “si nosotros respetamos el derecho a la vida no podemos convivir con quienes nos quieren matar”. Lo hizo el 20 de abril, al recibir un Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan, en el marco de una visita oficial marcada por su alineamiento con el gobierno de Benjamin Netanyahu.
Cuando un presidente deja de hablar de Estados, gobiernos, grupos armados o decisiones políticas y pasa a hablar de “culturas” incompatibles con la convivencia, entra en un terreno inaceptable. Ese tipo de formulaciones golpea una idea básica de la democracia: que las diferencias culturales, religiosas o identitarias no pueden ser tratadas como una amenaza en sí misma. En un país como la Argentina, formado desde su origen por migraciones, cruces culturales y convivencia entre comunidades distintas, ese discurso representa una ruptura seria con una parte central de su propia historia.
La frase no apareció aislada. En la misma intervención, Milei volvió a cargar contra la justicia social, a la que presentó como algo “profundamente injusto” que “deriva en el desastre”, y calificó al marxismo como un “programa satánico”. También insistió con su defensa de los llamados “valores judeocristianos” como base de su visión política y económica. El Gobierno difundió esas expresiones como parte del mensaje presidencial, lo que confirma que no se trató de un exabrupto improvisado sino de una posición asumida y reivindicada.
Ahí aparece otro problema de fondo. Presentar la justicia social como una perversión moral y describir corrientes ideológicas como expresiones satánicas vacía de contenido cualquier discusión democrática seria. El lenguaje político deja de ordenar conflictos para pasar a estigmatizar, señalar enemigos y justificar exclusiones. Cuando ese corrimiento se combina con una frase sobre culturas con las que no sería posible convivir, el resultado es todavía más grave: un discurso de poder que degrada el pluralismo, endurece la lógica amigo-enemigo y empuja a la Argentina hacia una retórica regresiva en materia de derechos humanos.
La Argentina tiene una tradición diplomática y social asociada a la convivencia entre credos, comunidades y orígenes diversos. Esa tradición nunca fue perfecta ni estuvo libre de conflictos, pero funcionó como un piso cultural y político reconocible. Por eso los dichos de Milei no pueden ser leídos como una simple provocación ideológica. Son una señal más profunda: la decisión de reemplazar la idea de coexistencia por una narrativa de incompatibilidad cultural, pronunciada además por el jefe de Estado en una gira internacional.
En ese punto, la crítica tiene que ser clara. Sostener que hay culturas con las que no se puede convivir es inadmisible. Ofende una noción elemental de humanidad compartida, choca con la historia social argentina y rebaja el estándar democrático desde el que debería hablar un presidente. Milei no expresó una diferencia diplomática ni una condena puntual a una organización armada. Fue más allá: eligió una formulación que pone en cuestión la convivencia misma. Y eso, en cualquier democracia seria, debería encender una alarma.