Contrato directo por $115 millones: Cancillería adjudicó capacitación a entidad dirigida por la esposa de Sturzenegger
La Cancillería que encabeza Pablo Quirno adjudicó de manera directa un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación en idioma inglés de su personal. La institución está presidida por María Josefina Roulliet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La contratación, que no pasó por un proceso de licitación pública, generó cuestionamientos políticos por el vínculo familiar y por la magnitud del monto asignado. Según la resolución oficial, el objeto del acuerdo es brindar formación en inglés a empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El caso impacta de lleno en el discurso oficial que coloca la austeridad y la eficiencia del gasto público como ejes centrales de gestión. La decisión también reavivó críticas internas dentro del propio espacio libertario, donde algunos militantes expresaron incomodidad ante lo que consideran un esquema poco consistente con la prédica anticorrupción.
Uno de los aspectos que más polémica generó es la necesidad misma de la contratación. Para ingresar al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), los aspirantes a diplomáticos deben acreditar dominio avanzado de idiomas, incluido el inglés. Desde sectores opositores se preguntan por qué resulta necesario destinar una suma millonaria a una capacitación externa cuando la estructura diplomática ya exige esa competencia como requisito de ingreso.
No es la primera vez que Roulliet queda vinculada a funciones estatales en contextos de alta exposición política. Durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando Sturzenegger conducía el Banco Central, fue designada al frente del Fondo Nacional de las Artes. Su salida se produjo tras la implementación del decreto antinepotismo que obligó a familiares de funcionarios a dejar cargos dentro del Estado.
Posteriormente, participó en iniciativas culturales vinculadas al régimen de mecenazgo del Gobierno porteño, incluyendo proyectos asociados al British Art Centre. Ese esquema —basado en aportes privados con beneficios fiscales— también fue objeto de cuestionamientos políticos por la reiteración de vínculos entre estructuras estatales y espacios dirigidos por personas cercanas a funcionarios de alto rango.
En todos los casos, el denominador común fue la articulación entre recursos públicos, incentivos fiscales y entidades vinculadas a figuras del oficialismo económico. El actual contrato con la AACI vuelve a colocar el foco en esa intersección.
Ante el revuelo, Quirno defendió la decisión: “No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario. Cancillería ha contratado a la AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal”, sostuvo. Desde el Ministerio argumentan que se trata de una relación institucional preexistente y que el procedimiento administrativo se ajusta a la normativa vigente.
Sin embargo, la controversia excede la legalidad formal y se inscribe en el terreno político. El Gobierno construyó buena parte de su identidad sobre la crítica a los “contratos amañados” y al uso discrecional del Estado en favor de familiares o allegados al poder. La adjudicación directa por una suma millonaria a una entidad conducida por la esposa de uno de los ministros más influyentes reabre un debate clásico sobre conflictos de interés, transparencia y coherencia discursiva.
Más allá de las explicaciones oficiales, el episodio vuelve a tensionar la narrativa de un Estado reducido y despolitizado en su asignación de recursos, y expone a la administración a cuestionamientos que históricamente dirigió contra sus adversarios.