El Consejo Directivo de la CGT se reunirá de urgencia para debatir la convocatoria a un paro general el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El encuentro estaba previsto originalmente para el miércoles, pero fue adelantado ante la posibilidad de que la Cámara baja sesione el jueves 19 y no el miércoles 25, como se evaluaba en un principio. La aceleración del debate parlamentario y la presión creciente de los gremios más combativos precipitaron la decisión.
Entre esos sectores se encuentra el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que nuclea a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, entre otros, y que ya anunció un paro con movilización al Congreso cuando el proyecto sea discutido en el recinto. La movida dejó a la conducción cegetista frente a un dilema: sostener una estrategia más moderada o encabezar una medida de fuerza para no quedar desbordada por su propia base.
En paralelo, los episodios de violencia registrados en las últimas protestas —con lanzamiento de bombas molotov y una fuerte represión policial— llevaron a varios dirigentes a replantear la posibilidad de convocar nuevamente a una movilización masiva. En la central obrera sostienen que el oficialismo utiliza esos hechos para asociar a la CGT con la violencia y desacreditar el reclamo sindical.
La discusión interna gira ahora en torno a la herramienta más eficaz para frenar o, al menos, condicionar el avance del proyecto. Algunos dirigentes confían en que diputados del PRO y representantes de bloques provinciales impulsen modificaciones que obliguen a que el texto vuelva al Senado, abriendo así una nueva instancia de negociación.
Uno de los puntos que genera mayor resistencia es el artículo incorporado a último momento que habilita a los empleadores a reducir hasta un 25 por ciento del salario en casos de enfermedad o accidente no laboral. La modificación fue defendida públicamente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien argumentó que busca desalentar abusos en el régimen de licencias. Sin embargo, para el movimiento obrero la medida implica una transferencia directa de costos al trabajador en el momento de mayor vulnerabilidad.
En un documento interno, la CGT afirmó que se opone “en su totalidad” al proyecto oficial, al que considera “contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”. La central sostiene que la reforma vulnera el principio de progresividad en materia de derechos sociales y recorta garantías históricas vinculadas a indemnizaciones, jornada laboral, derecho de huelga y funcionamiento sindical.
En la conducción cegetista reconocen que existen fundamentos suficientes para una impugnación judicial. No obstante, el debate estratégico es cómo evitar que el conflicto derive exclusivamente en los tribunales y si todavía es posible frenar el avance parlamentario mediante presión política y sindical.
La reunión de urgencia definirá si la CGT convoca a un paro general de 24 horas y bajo qué modalidad. Lo que está en juego no es solo una medida de fuerza, sino la capacidad del sindicalismo para responder ante una reforma que, según su diagnóstico, modifica de manera estructural el equilibrio entre capital y trabajo.
Fuente: Página 12