La CGT resolvió convocar a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida se realizará —según anticiparon fuentes sindicales— el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto, aunque la fecha será oficializada en una conferencia de prensa prevista para el miércoles a las 11.
La decisión fue adoptada en una reunión virtual del Consejo Directivo, encabezada por el triunvirato que integran Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo. La presión interna de los gremios más combativos y el malestar creciente en las bases aceleraron una definición que hasta hace pocos días aparecía como incierta.
El paro constituye la respuesta más contundente hasta ahora frente a una reforma que el oficialismo presenta como un paso hacia la “modernización” del mercado laboral, pero que el movimiento obrero denuncia como un retroceso estructural en derechos adquiridos. Para la central obrera, el proyecto no sólo flexibiliza normas sino que altera el equilibrio constitucional entre capital y trabajo.
Entre los puntos más cuestionados figuran los cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de esquemas de contratación más precarios, las modificaciones en la jornada laboral, las restricciones al derecho de huelga y el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Este último artículo generó particular polémica al habilitar descuentos salariales en determinados supuestos, lo que obligó al oficialismo a anunciar una revisión parcial tras la reacción social y sindical.
La senadora Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno impulsará modificaciones para que las enfermedades graves o degenerativas continúen percibiendo el 100% del salario. Sin embargo, desde la CGT consideran que el núcleo de la reforma se mantiene intacto y que el “parche” no altera la lógica de fondo: trasladar riesgos y costos al trabajador bajo el argumento de reducir litigiosidad y promover empleo.
En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos —que reúne a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA— había anunciado un paro con movilización, presionando a la conducción cegetista para endurecer su postura. La CGT optó por una huelga sin marcha, en parte para evitar que el Gobierno capitalice eventuales episodios de violencia y asocie la protesta sindical con desmanes.
La medida de fuerza se da en un contexto de fuerte tensión política. El oficialismo busca acelerar el tratamiento del proyecto en Diputados antes de la apertura de sesiones ordinarias, consciente de que cualquier modificación obligaría a que la iniciativa vuelva al Senado, demorando su sanción definitiva. En ese escenario, el paro apunta a influir sobre legisladores indecisos y a visibilizar el rechazo social.
Para el sindicalismo, la discusión excede una coyuntura parlamentaria. Sostienen que la reforma vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Desde esa perspectiva, anticipan que, de aprobarse el proyecto, avanzarán también por la vía judicial.
El Gobierno, por su parte, insiste en que la reforma es condición necesaria para dinamizar el empleo formal y atraer inversiones. No obstante, el conflicto evidencia una contradicción central: en nombre de la eficiencia y la desregulación, se impulsa un rediseño del marco laboral sin consenso social ni acuerdo tripartito, lo que profundiza la confrontación con el movimiento obrero.
El paro general marcará así un nuevo capítulo en la escalada entre la Casa Rosada y la principal central sindical del país. La pulseada no sólo definirá el destino inmediato de la reforma laboral, sino también el tono de la relación entre el Gobierno y los trabajadores en el resto del mandato.