La liberación de Nahuel Gallo dejó al descubierto algo más que una gestión diplomática irregular: expuso la incomodidad del Gobierno ante un operativo que no controló y que terminó resolviéndose por fuera de los canales oficiales.
Durante 448 días, el gendarme permaneció detenido en la cárcel venezolana de Rodeo I, sin proceso transparente ni garantías claras. En ese lapso, la Casa Rosada convirtió su caso en bandera discursiva contra el chavismo. Sin embargo, cuando finalmente se abrieron vías reales de negociación, las gestiones no surgieron desde Cancillería ni desde el Ministerio de Seguridad, sino a través de intermediarios políticos y del mundo del fútbol.
Las conversaciones para lograr la liberación comenzaron en enero, tras la asunción de Delcy Rodríguez en la presidencia venezolana. El exembajador argentino en Caracas, Oscar Laborde, mantenía diálogo con el entorno de los Rodríguez. En paralelo, el abogado Franco Bindi y la diputada Marcela Pagano también activaron contactos parlamentarios. La posibilidad concreta apareció cuando desde Caracas plantearon una condición logística: Gallo no podía simplemente salir a la calle, debía viajar a la Argentina bajo un esquema seguro.
Allí surgió la idea de que un familiar viajara a buscarlo. Kevin, el hermano menor, estuvo a punto de hacerlo. Pero distintas versiones indican que desde el propio Gobierno argentino —e incluso desde la embajada estadounidense en Buenos Aires— se desaconsejó ese viaje por considerarlo riesgoso. La alternativa terminó apareciendo desde un lugar inesperado: el fútbol.
La intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su presidente Claudio Tapia y del titular de la Federación Venezolana, Jorge Giménez Ochoa, permitió disponer de un avión para trasladar al gendarme. Cuando la aeronave ya estaba en vuelo hacia Ezeiza, la Cancillería argentina se enteró por un comunicado oficial de la AFA. El dato no es menor: la liberación se concretó sin coordinación visible con el Ejecutivo.
La reacción oficial fue inmediata y cargada de malestar. El vocero Manuel Adorni sostuvo que “los involucrados deberán explicar qué relación tenían con el chavismo”, intentando correr el eje hacia supuestas conexiones políticas. La frase dejó traslucir la irritación por haber quedado fuera de la escena central. Desde la AFA respondieron con un comunicado tajante: “Denunciar a quienes rescataron a un argentino es un acto de una gravedad institucional inusitada”.
El contraste fue evidente en Ezeiza. Mientras funcionarios se apuraban para la foto, Tapia no estuvo presente. El gendarme fue instado a cambiar la camiseta de la selección por el uniforme para la imagen oficial. La postal buscó reinstalar al Gobierno como protagonista, aunque la secuencia previa indicara otra cosa.
Más allá de las disputas políticas, el trasfondo expone una contradicción. La administración de Javier Milei no reconoció formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez, lo que complicó cualquier vía institucional. Sin relaciones diplomáticas plenas y sin canales formales activos —ni cuando la representación argentina estuvo en manos de Brasil ni cuando pasó a Italia—, la negociación terminó transitando caminos informales.
El episodio deja varias preguntas abiertas. ¿Hubo desinterés real o una apuesta a que el caso siguiera funcionando como bandera política? ¿Se pusieron obstáculos por cálculo estratégico? ¿O simplemente se perdió capacidad de gestión en un contexto de ruptura diplomática?
Lo cierto es que la liberación de Nahuel Gallo no fue el resultado visible de una estrategia oficial articulada. Fue, más bien, el producto de una red paralela de contactos y de una intervención inesperada del mundo del fútbol. La bronca posterior y los pedidos de explicaciones parecen más ligados al control del relato que a la reconstrucción de lo sucedido.
Mientras tanto, el gendarme volvió con su familia después de casi un año y medio. En el plano humano, esa es la noticia central. En el plano político, el episodio dejó un bochorno difícil de disimular.