
El Senado convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que permanecía pendiente desde fines de los años noventa y que el gobierno de Javier Milei impulsó nuevamente este año en el marco de los compromisos asumidos con Estados Unidos.
La iniciativa fue aprobada por 47 votos a favor y 22 en contra, luego de que la Cámara alta aceptara las modificaciones incorporadas previamente por Diputados. De esta manera, Argentina se incorporará al sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), utilizado por más de 150 países para simplificar la presentación de solicitudes de patentes en múltiples jurisdicciones.
Desde el oficialismo sostuvieron que la adhesión permitirá facilitar el acceso de investigadores, universidades, emprendedores y empresas argentinas a mercados internacionales, reduciendo costos administrativos y ampliando los plazos para definir en qué países se buscará protección para una invención.
El principal impulsor de la medida dentro del Gobierno fue el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quien celebró la votación y destacó que Argentina será el país número 160 en incorporarse al sistema.
El tratado no crea una patente internacional automática ni transfiere competencias a organismos extranjeros. La decisión final sobre otorgar o rechazar una patente continuará en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que mantendrá la facultad de aplicar la legislación argentina en cada caso.
Sin embargo, la discusión parlamentaria estuvo atravesada por la presión de distintos sectores vinculados a la industria farmacéutica. Mientras cámaras empresarias internacionales y organizaciones vinculadas al comercio exterior respaldaron la adhesión plena al acuerdo, los laboratorios nacionales reclamaron que el país realizara una reserva sobre el Capítulo II del tratado.
Ese apartado contempla la posibilidad de realizar exámenes preliminares internacionales sobre la patentabilidad de una invención antes de que cada país evalúe el otorgamiento definitivo. Para los laboratorios argentinos, esos informes podrían favorecer estrategias destinadas a extender derechos exclusivos sobre medicamentos ya existentes mediante patentes secundarias.
Finalmente, el Congreso avanzó con una adhesión parcial, incorporando la reserva solicitada por el sector farmacéutico nacional. Esa modificación había sido introducida por Diputados y fue ratificada ahora por el Senado.
Desde la oposición cuestionaron que la iniciativa responda a compromisos asumidos por el Gobierno con Washington y advirtieron sobre posibles consecuencias futuras en el mercado de medicamentos. Entre los argumentos expuestos durante el debate se mencionó la posibilidad de que una mayor protección de determinadas patentes farmacéuticas complique el desarrollo de genéricos y biosimilares y termine impactando en los costos del sistema de salud.
No obstante, especialistas remarcan que el principal cambio con potencial incidencia sobre el sector farmacéutico no proviene específicamente del PCT, sino de las recientes modificaciones en los criterios de patentabilidad aplicados en Argentina. El tratado, por sí mismo, constituye principalmente una herramienta administrativa para simplificar y coordinar trámites internacionales.
Con la sanción de la ley, el Gobierno cumple uno de los compromisos incluidos en el acuerdo comercial y de inversiones firmado con Estados Unidos, aunque lo hace con una versión modificada respecto del texto originalmente promovido por sectores empresariales extranjeros y organismos vinculados al comercio internacional.

