
A 181 años de la Vuelta de Obligado, sectores vinculados a la actividad fluvial y marítima expresaron preocupación por un proyecto legislativo que propone modificar el régimen de navegación y comercio de cabotaje nacional, habilitando una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el transporte de cargas entre puertos argentinos.
La iniciativa impulsa cambios sobre la Ley Nº 19.492 y es presentada por sus impulsores como una alternativa para mejorar la eficiencia logística, reducir costos y favorecer la integración regional. Sin embargo, desde distintos ámbitos del sector marítimo sostienen que la propuesta implica un riesgo para la marina mercante nacional y para el control soberano de los ríos interiores.
Uno de los críticos de la iniciativa es el economista marítimo, armador y productor agropecuario Enrique Pérez Decontardi, quien asegura que ningún país desarrollado mantiene abierto de manera irrestricta su sistema de cabotaje a embarcaciones extranjeras.
Según su visión, el transporte de mercaderías entre puertos de un mismo país constituye una actividad estratégica que habitualmente es reservada para empresas y buques nacionales. "Nunca vi en más de 40 años de actividad que un país elimine completamente su ley de cabotaje", sostiene.
El debate adquiere especial relevancia por el creciente movimiento de cargas asociado a la producción agroindustrial y energética. Entre los sectores involucrados aparece el transporte de arena utilizada en Vaca Muerta, que actualmente enfrenta elevados costos logísticos por las largas distancias terrestres necesarias para abastecer los yacimientos.
Quienes respaldan la reforma consideran que permitir una mayor participación de embarcaciones extranjeras contribuiría a reducir esos costos. Sus detractores, en cambio, sostienen que la medida terminaría beneficiando principalmente a grandes operadores internacionales sin generar un impacto significativo sobre la estructura de costos del sistema productivo.
También cuestionan que el negocio del transporte fluvial y marítimo quede cada vez más concentrado en empresas vinculadas al comercio exterior, especialmente exportadoras de granos y petróleo, que operan a través de complejas estructuras societarias internacionales.
Dentro de ese planteo, vuelven a aparecer reclamos históricos vinculados al desarrollo de una marina mercante nacional, la recuperación de capacidades logísticas propias y la necesidad de fortalecer el control argentino sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Los cuestionamientos también alcanzan a sectores políticos de distintos espacios que acompañan iniciativas de apertura del cabotaje, a quienes acusan de privilegiar intereses económicos privados por encima de una estrategia nacional de transporte y comercio exterior.
Para los sectores que rechazan la reforma, la discusión excede la cuestión logística y forma parte de un debate más amplio sobre el modelo productivo, el comercio exterior y el grado de control que debe conservar el Estado sobre infraestructuras consideradas estratégicas.
La propuesta todavía genera posiciones encontradas entre empresarios, especialistas y dirigentes políticos. Mientras algunos la presentan como una herramienta para aumentar la competitividad y reducir costos, otros advierten que puede significar una pérdida de participación para la industria naval argentina y una mayor dependencia de operadores extranjeros.
El debate promete profundizarse en las próximas semanas a medida que avance el tratamiento legislativo y se conozcan mayores precisiones sobre el alcance definitivo de la reforma.
