En la sesión de Diputados de este miércoles, los legisladores Germán Martínez y Pablo Juliano pidieron apartar el reglamento para debatir los 34 proyectos vinculados al endeudamiento familiar. La moción consiguió 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones. Aunque no alcanzó las tres cuartas partes necesarias para colar el tema en el recinto, la cifra supera la mayoría simple de 129, lo que abre la posibilidad de conseguir dictamen en comisión y volver al recinto para lograr media sanción.
El resultado dejó al oficialismo sin margen para festejar. Peronistas, radicales, socialistas, lilitos, la izquierda y bloques provinciales ya tienen el número para convocar a una sesión especial y avanzar con cualquiera de las iniciativas. Juliano remarcó que “todos los proyectos relativos al endeudamiento familiar no tienen costo fiscal” y que el Congreso debe acoger una preocupación que alcanza a 6 millones de argentinos en mora. Martínez recordó que “son 20 millones los endeudados, 6 millones en mora” y que esta fue la quinta vez que se intentó instalar el tema.
La misma votación se repitió cuando Juan Marino pidió tratar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence en diciembre. El resultado idéntico (133 a favor, 107 en contra y 11 abstenciones) mostró la solidez de las posturas opositoras en torno a ambos asuntos.
La sesión, iniciada al mediodía, se extendió con un temario cargado: la ampliación del Régimen de Inocencia Fiscal II, el tratado de patentes de medicamentos y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Fuentes parlamentarias deslizaron que el oficialismo apenas tendría los votos justos para algunos artículos de la reforma del BCRA.
El cierre político es claro: la oposición logró instalar la crisis del endeudamiento y la discapacidad como temas con respaldo parlamentario, mientras el oficialismo quedó expuesto en su intento de bloquear el debate. La tensión anticipa un escenario en el que las comisiones pueden convertirse en el terreno decisivo para abrir paso a proyectos que el gobierno de Milei busca mantener fuera de agenda.

