El gobernador Leandro Zdero convirtió al “orden” en una de las principales banderas de su gestión. Habla de una provincia “ordenada y con rumbo”, del respeto a la ley y de un Estado que debe hacer cumplir las normas. Pero la sesión de este miércoles abrió un cuestionamiento sobre ese mismo orden en el funcionamiento de las instituciones.
Carmen Delgado Britto presidió la Cámara de Diputados mientras se encontraba, por decreto, a cargo del Poder Ejecutivo provincial ante la ausencia de Zdero.
La situación ocurrió durante el tratamiento de la denominada Ley de Reiterancia, aprobada con 27 votos afirmativos, dos abstenciones y un voto por la permanencia en cartera.
El orden también debería alcanzar a las instituciones
La Constitución provincial establece que, ante la ausencia del gobernador y la imposibilidad de que asuma el vicegobernador, el Poder Ejecutivo queda transitoriamente a cargo de quien preside la Cámara de Diputados.
Ese mecanismo llevó a Delgado Britto a quedar al frente del Ejecutivo durante el viaje de Zdero.
El cuestionamiento surgió porque, mientras ejercía esa función, también continuó al frente de la Legislatura y condujo la sesión.
Fue el diputado Santiago Pérez Pons quien planteó la situación en el recinto. Señaló que el decreto 1959/2026 establecía que Zdero permanecería fuera de la provincia entre el 23 y el 27 de agosto y dejaba a Delgado Britto a cargo de la Gobernación.
Los decretos posteriores 1960, 1961, 1962 y 1963 fueron además firmados por Delgado Britto como autoridad “a cargo del Poder Ejecutivo del Chaco”, lo que confirma que durante esos días ejercía esa función.
Si Delgado estaba transitoriamente al frente del Ejecutivo, debía aclararse por qué continuó presidiendo al mismo tiempo el Poder Legislativo.
En la apertura de sesiones de 2026 Zdero habló de una provincia “ordenada y con rumbo” y sostuvo que “la ley no se negocia”. Ese principio también debería aplicarse al funcionamiento de los poderes del Estado.
La oposición acompañó, pero puso reparos
El bloque justicialista acompañó mayoritariamente la reforma sobre reiterancia, aunque cuestionó que pueda presentarse como una respuesta suficiente frente a la inseguridad.
Nicolás Slimel sostuvo que es necesario brindar herramientas a la Justicia, pero reclamó una política integral que contemple capacitación y mejores condiciones para la Policía, recursos para las fiscalías y políticas sociales.
Santiago Pérez Pons también votó favorablemente, aunque recordó que la reiterancia ya estaba contemplada en el Código Procesal Penal y cuestionó la falta de respuestas formales de organismos judiciales consultados durante el tratamiento.
Luciano Moser señaló que la herramienta ya existía en la provincia y rechazó que la modificación pueda presentarse como una solución definitiva frente al delito.
Pía Chiacchio Cavana puso sobre la mesa otro problema. Según datos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura citados durante el debate, 1.267 personas permanecen alojadas en comisarías cuya capacidad total es de 759 lugares. Una mayor utilización de la prisión preventiva, advirtió, podría profundizar todavía más el hacinamiento.
La ley fue aprobada con una amplia mayoría, pero el debate dejó abierta una cuestión institucional que excede la discusión sobre reiterancia.
Mientras el oficialismo impulsaba una reforma vinculada al cumplimiento de la ley y la seguridad, la presidenta de la Cámara conducía la sesión al mismo tiempo que se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo.
El orden en el Chaco también se mide por el respeto a las instituciones y a la división de poderes.