En esta ocasión fue la comuna de Garaví, en el departamento de Santo Tomé, la que se declaró en emergencia económica. El intendente Jeroban Márquez fundamentó la medida en la pesada herencia recibida de la gestión anterior: deudas acumuladas entre 2020 y 2025 que superan los 325 millones de pesos y que hoy condicionan seriamente el funcionamiento de la administración local.
El detalle de los compromisos incluye expedientes judiciales con sentencia firme, medidas de embargo que afectan directamente los recursos municipales, cheques emitidos sin fondos y observaciones del Tribunal de Cuentas de la provincia. Márquez asumió el Ejecutivo el 10 de diciembre de 2025 y desde entonces enfrenta un escenario de asfixia financiera que limita la capacidad de inversión y de prestación de servicios básicos.
La situación de Garaví no es aislada. En lo que va del primer semestre de 2026, otras comunas correntinas también se declararon en emergencia económica: Virasoro, Paso de la Patria, Santa Lucía y Mercedes. Cada caso refleja un patrón común: municipios con ingresos insuficientes, deudas heredadas y estructuras administrativas debilitadas que deben recurrir a medidas excepcionales para sostener su funcionamiento.
El mapa provincial muestra un panorama preocupante. La reiteración de declaraciones de emergencia expone la fragilidad de las finanzas locales y la dificultad de los gobiernos municipales para afrontar compromisos que se arrastran desde hace varios ejercicios. En muchos casos, las gestiones actuales se ven obligadas a destinar gran parte de sus recursos a cubrir pasivos, lo que reduce la capacidad de inversión en infraestructura, servicios públicos y programas sociales.
La emergencia de Garaví se convierte así en un nuevo capítulo de una crisis más amplia que atraviesa Corrientes. La combinación de deudas judiciales, embargos y observaciones administrativas genera un escenario de vulnerabilidad institucional que pone en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de control y financiamiento de los municipios. Mientras tanto, la población enfrenta las consecuencias de gestiones condicionadas por la falta de recursos y por la obligación de atender compromisos financieros que limitan cualquier margen de acción.