El Fondo Monetario Internacional volvió a poner bajo la lupa las estadísticas oficiales argentinas y advirtió que el actual índice de inflación elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos se encuentra “desactualizado”, al tiempo que reclamó una reforma institucional para garantizar mayor autonomía y credibilidad del organismo estadístico.
La observación apareció en el último informe técnico del staff del FMI sobre la economía argentina, elaborado en el marco del seguimiento del acuerdo firmado con el gobierno de Javier Milei.
Aunque el organismo destacó avances del programa económico y reconoció la desaceleración inflacionaria registrada en los últimos meses, también dejó planteadas dudas sobre la metodología utilizada para medir el costo de vida en el país.
El principal cuestionamiento apunta a que el Índice de Precios al Consumidor todavía utiliza patrones de consumo construidos sobre datos recolectados entre 2004 y 2005, una estructura que para el FMI ya no refleja adecuadamente los hábitos actuales de los hogares argentinos.
Según el organismo internacional, en las últimas dos décadas cambiaron de manera significativa las pautas de gasto de las familias, especialmente por la incorporación de servicios digitales, plataformas de streaming, internet y nuevas modalidades de consumo que hoy tienen mayor peso dentro de la economía cotidiana.
El INDEC ya terminó técnicamente un rediseño metodológico basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, una actualización que permitiría modificar la composición de la canasta utilizada para calcular la inflación.
Sin embargo, la implementación del nuevo esquema continúa demorada y distintas versiones señalan que el Gobierno decidió postergar el cambio por razones políticas y electorales.
La preocupación oficial radica en que la nueva metodología podría arrojar índices inflacionarios más elevados que los actuales, especialmente porque otorgaría mayor peso relativo a los servicios, uno de los rubros que más aumentó durante el ajuste económico aplicado por la administración libertaria.
Diversos informes privados sostienen que la actualización podría generar diferencias de varios puntos porcentuales respecto de la medición vigente, lo que impactaría de lleno sobre negociaciones salariales, jubilaciones, contratos y expectativas económicas.
El planteo del FMI también incluyó un reclamo para avanzar en una nueva ley estadística que fortalezca la independencia técnica y política del INDEC, un tema históricamente sensible en la Argentina luego de los fuertes cuestionamientos sobre manipulación de datos durante distintos períodos de gobierno.
El organismo considera clave blindar institucionalmente las estadísticas públicas para mejorar la confianza de los mercados, los organismos internacionales y los actores económicos.
La advertencia llega además en un momento especialmente delicado para el Gobierno, que convirtió a la desaceleración de la inflación en uno de los principales pilares discursivos y políticos de la gestión Milei.
La Casa Rosada exhibe la baja mensual del IPC como prueba del éxito del ajuste fiscal y monetario impulsado desde diciembre de 2023. Pero el señalamiento del FMI introduce un elemento incómodo: la posibilidad de que la medición oficial no refleje completamente el impacto real de los aumentos sobre el costo de vida.
El debate también reabre discusiones de fondo sobre cómo se construyen las estadísticas económicas y hasta qué punto los índices oficiales logran representar las transformaciones sociales y de consumo de una sociedad cada vez más atravesada por servicios, tecnología y nuevas formas de gasto cotidiano.
Mientras tanto, el Gobierno evita abrir esa discusión públicamente en pleno calendario electoral, consciente de que cualquier modificación sobre el índice inflacionario podría alterar tanto el escenario político como las expectativas económicas que intenta consolidar.