El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales volvió a escalar tras el anuncio de una nueva semana de paro docente convocada por los gremios universitarios, que exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y denuncian un deterioro salarial y presupuestario cada vez más crítico.
La medida de fuerza fue definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios y se desarrollará del 26 al 30 de mayo en todas las universidades públicas del país, con cese de actividades, clases públicas, movilizaciones y protestas frente a organismos nacionales.
El plan de lucha llega apenas días después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que volvió a mostrar el fuerte respaldo social a la educación pública y dejó al Gobierno frente a una nueva demostración de rechazo a las políticas de ajuste aplicadas sobre el sistema universitario.
Entre las actividades previstas, los gremios anunciaron una jornada de clases públicas frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y posibles concentraciones frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.
Desde los sindicatos aseguran que la situación salarial de docentes y no docentes se volvió “asfixiante” desde el inicio de la gestión libertaria y denuncian que el Ejecutivo mantiene congeladas las negociaciones mientras la inflación pulveriza los ingresos del sector.
Según datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, más de diez mil docentes universitarios abandonaron sus cargos desde la llegada de Milei al poder debido a la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales.
El dirigente de Conadu, Federico Montero, responsabilizó directamente al Gobierno por la profundización del conflicto. “La crisis en las universidades que impide el normal funcionamiento la produjo el ajuste sobre los salarios docentes y no docentes”, sostuvo.
La tensión aumentó aún más luego de que la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, enviara una nota a los rectores exigiendo planes de contingencia para garantizar el funcionamiento académico durante el paro.
En el documento oficial, el Gobierno sostiene que “la autonomía universitaria no implica una zona de exclusión de las leyes nacionales” y remarca que “el derecho de huelga no puede anular el derecho de enseñar y aprender”.
La administración nacional también intimó a las universidades a garantizar la apertura de edificios, el acceso de alumnos y docentes que no adhieran a la medida de fuerza y la implementación de mecanismos virtuales para evitar interrupciones académicas.
Incluso advirtió que el incumplimiento de esos requerimientos podría derivar en revisiones sobre la asignación y transferencia de fondos presupuestarios nacionales, una amenaza que fue interpretada por los gremios como una nueva presión política sobre las autoridades universitarias.
La respuesta sindical fue inmediata. Desde distintos sectores acusaron al Gobierno de intentar disciplinar a las universidades mientras mantiene paralizada la discusión salarial y desconoce la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema público de educación superior.
El secretario general de Feduba, Pablo Perazzi, calificó como “una verdadera vergüenza” el aumento salarial unilateral dispuesto por el Ejecutivo, que incluyó una suba del 1,5% junto con bonos de entre 10 mil y 40 mil pesos según la dedicación docente.
“Si el Gobierno sigue en esa tesitura de atacarnos y ahogarnos presupuestaria y salarialmente, nosotros vamos a redoblar la apuesta”, advirtió.
En la misma línea, la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, sostuvo que el incremento “enoja más de lo que ayuda frente a los salarios de pobreza”.
Detrás del conflicto salarial aparece además una disputa política más profunda. Mientras el oficialismo insiste en sostener el ajuste fiscal como eje central de su programa económico, docentes, rectores y estudiantes advierten que el recorte sobre universidades, ciencia y tecnología pone en riesgo el funcionamiento del sistema público y el futuro de la investigación científica en el país.
El nuevo paro nacional promete reabrir esa discusión en las calles y volver a colocar al Gobierno frente a uno de los sectores sociales que más capacidad de movilización y respaldo público demostró desde el inicio de la gestión Milei.