La Agencia de Recaudación y Control Aduanero quedó envuelta en una fuerte polémica tras la decisión de recategorizar a 246 agentes en los escalafones salariales más altos del organismo, en medio de denuncias internas por presuntos favoritismos, vínculos familiares y ascensos que no respetarían los criterios de mérito, antigüedad ni formación profesional establecidos en el convenio colectivo de trabajo.
La disposición administrativa fue firmada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, y generó un profundo malestar entre trabajadores y sectores gremiales, que acusan a la conducción del organismo de utilizar la estructura estatal para beneficiar allegados y construir lealtades internas mientras la mayoría de la planta continúa reclamando recomposición salarial.
Uno de los casos que más revuelo provocó fue el de Nicolás Andrés Velis, hijo del director general de Aduanas, José Andrés Velis. El joven fue ascendido al grupo 3 del escalafón aduanero, uno de los niveles jerárquicos más altos, pese a que —según denuncian trabajadores— no contaría con título universitario ni con la antigüedad suficiente para acceder a esa categoría.
Dentro del organismo sostienen que, bajo las normas vigentes, un agente sin formación universitaria difícilmente debería superar el grupo 7. Además, remarcan que Velis ingresó durante la gestión de Carlos Castagneto, durante el gobierno de Alberto Fernández, por lo que tampoco reuniría décadas de carrera administrativa como otros trabajadores históricamente postergados.
La controversia crece porque estas categorías no solo implican poder interno, sino también salarios muy elevados dentro del Estado nacional. Los cargos jerárquicos más altos combinan un sueldo básico cercano a los dos millones de pesos con adicionales del fondo de jerarquización que pueden elevar los ingresos netos por encima de los seis millones mensuales.
“Están regalando categorías equiparables a las de gente con estudio y tres o cuatro décadas de carrera”, se quejó una empleada del organismo, reflejando el clima de tensión interna.
Las críticas también apuntan a la Dirección General Impositiva, donde —según trabajadores y gremios— se habrían producido ascensos acelerados e inconsistentes con el escalafón profesional.
Entre los casos más mencionados aparece el de Yael Bialostozky, quien ya había sido ascendida el año pasado y ahora fue promovida nuevamente al grupo 26, el más alto dentro de la DGI, pese a que el convenio colectivo recomienda no avanzar más de dos categorías por vez.
Desde el Ministerio de Economía justificaron la decisión argumentando que Bialostozky cumple funciones jerárquicas vinculadas a la comunicación estratégica. Sin embargo, dentro del organismo insisten en que el problema no pasa por nombres puntuales sino por la ausencia de criterios claros y uniformes.
“El problema es que no hay criterio: hay casos recontra merecidos y otros que no”, señalan desde sectores gremiales.
Otro de los nombres cuestionados es el de Juan Ignacio Waissman, abogado y actual asesor de Karina Milei, quien también fue ubicado en la máxima categoría pese a desempeñarse actualmente fuera del organismo.
Las críticas alcanzan además a funcionarios incorporados recientemente, como la abogada Mariela Andrea Perugini o la licenciada Aixa Granara, cuyos rápidos ascensos despertaron cuestionamientos entre empleados con muchos más años de trayectoria.
El rechazo más duro llegó desde la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el gremio que representa a los cuadros jerárquicos del organismo recaudador.
“La Mesa Directiva Nacional expresa su más profundo rechazo e indignación ante la publicación de la Disposición 5G/2026 (ARCA). En un acto que carece de toda razonabilidad y sustento administrativo, se han asignado subas de escalafón de manera discrecional, vulnerando nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y premiando el amiguismo por encima del mérito”, sostuvo el sindicato en un comunicado.
El gremio aclaró además que no cuestiona las capacidades personales de quienes fueron promovidos, pero sí la utilización discrecional del sistema de carrera administrativa.
“La carrera administrativa no es un botín”, advirtió UpsAFIP, en un documento cargado de críticas hacia la conducción del organismo.
El comunicado también apuntó directamente contra Andrés Vázquez: “No se usa una organización de profesionales de carrera como si fuera la caja de un barrabrava donde se premia al ‘más amigo’. No se compran voluntades con grupos discrecionales”.
La polémica golpea especialmente al discurso oficialista porque el gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con “la casta”, el amiguismo y los privilegios dentro del Estado.
Sin embargo, dentro de ARCA muchos trabajadores consideran que las recientes recategorizaciones muestran exactamente lo contrario: una estructura donde los vínculos políticos y personales pesarían más que los antecedentes, la formación y la carrera administrativa.