La aeronave esta en mal estado y ademas con mas de un millón de dólares de sobre precio
La crisis interna dentro del gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo con un fuerte cuestionamiento público de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien volvió a marcar distancia de la Casa Rosada al pronunciarse sobre una polémica compra realizada por el Ministerio de Defensa. La adquisición de un avión Embraer para la Fuerza Aérea quedó bajo sospecha por presuntas irregularidades, sobreprecios y falta de transparencia administrativa.
A través de un mensaje publicado en X, Villarruel reaccionó con dureza a la investigación periodística que reveló detalles de la operación y lanzó una crítica directa hacia el área de Defensa y los responsables militares involucrados.
“Gravísimo. Varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?”, escribió la vicepresidenta, en un mensaje que volvió a exponer la fractura política que mantiene desde hace meses con el entorno presidencial.
La referencia de Villarruel apuntó especialmente al Ministerio de Defensa, encabezado actualmente por el general Carlos Presti, aunque el impacto político alcanzó también al propio Milei y a la conducción de la Casa Rosada. El reclamo de la vicepresidenta se produce en medio del deterioro financiero que atraviesa la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), con prestaciones suspendidas, deudas con proveedores y salarios militares fuertemente afectados por la inflación y el ajuste presupuestario.
El detonante de la nueva polémica fue la compra de un Embraer ERJ-140LR por parte de la Fuerza Aérea Argentina. Según la denuncia judicial y las investigaciones periodísticas, el Estado habría pagado 4.085.000 dólares por la aeronave, una cifra muy superior a los 2.300.000 dólares que costaban aviones similares ofrecidos por otras empresas del mercado.
Además del presunto sobreprecio, la operación quedó envuelta en cuestionamientos por la rapidez del proceso licitatorio, que se habría concretado en menos de dos meses, con plazos inusualmente breves y cambios en los pliegos que terminaron beneficiando a la firma adjudicataria, Regional One Inc.
Los informes técnicos posteriores realizados en Estados Unidos agregaron nuevas dudas sobre la operación. Allí se detectaron problemas de corrosión, pérdidas de aceite, desgaste estructural y faltantes de equipamiento en la aeronave adquirida. También se señaló como llamativo que el avión ya se encontraba pintado con los colores oficiales de la Fuerza Aérea antes de que finalizara formalmente el proceso de compra.
Otro de los puntos observados fue la utilización de cuentas “escrow” para realizar el pago, un mecanismo financiero internacional que, según los cuestionamientos, dificulta el seguimiento público de los movimientos de fondos y reduce los niveles de control administrativo.
En medio de la controversia, el exministro de Defensa y actual diputado nacional Luis Petri buscó despegarse del escándalo y aseguró haber impulsado personalmente una denuncia judicial antes de dejar el cargo.
“Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal antes de dejar mi cargo como ministro de Defensa”, sostuvo Petri.
El caso no sería aislado. Otras cuatro adquisiciones realizadas por la Fuerza Aérea desde 2021 también quedaron bajo análisis judicial y administrativo. Entre ellas figuran un Boeing 737-700, un Saab SF-340 y otros dos Embraer ERJ-140LR, todos cuestionados por presuntas inconsistencias en los precios, las tasaciones y los procedimientos de contratación.
La nueva intervención pública de Villarruel vuelve a dejar expuesta la creciente fractura interna dentro del oficialismo, donde las diferencias políticas y personales entre la vicepresidenta y el núcleo duro de Milei ya dejaron de ser un conflicto silencioso para convertirse en una disputa abierta dentro del propio Gobierno nacional.