Denuncian que un funcionario cercano a Luis Caputo tendría 8 propiedades no declaradas en el exterior por más de un millón de dólares
La revelación de presuntos bienes ocultos fuera del país vuelve a golpear un punto sensible del discurso oficial: la transparencia en la función pública. Según una investigación periodística, un alto funcionario del Ministerio de Economía habría omitido declarar ocho departamentos en Miami, lo que reactiva sospechas sobre posibles maniobras de ocultamiento patrimonial dentro del propio Gobierno.
El apuntado es Carlos Frugoni, actual secretario de Coordinación de Infraestructura. De acuerdo con lo difundido en el programa Wifi24 de A24, los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti identificaron dos sociedades radicadas en Estados Unidos —Genova LLC y Waki LLC— que estarían vinculadas al funcionario y serían titulares de los inmuebles.
Los registros citados indican que cada unidad tendría un valor cercano a los 150 mil dólares, lo que eleva el total por encima del millón. Sin embargo, esos activos no figurarían en la declaración jurada presentada por Frugoni, un requisito básico para quienes administran recursos públicos.
La gravedad del caso no radica solo en el monto, sino en el rol que ocupa el funcionario. Desde su cargo, Frugoni interviene en áreas estratégicas como la obra pública, el transporte y la vivienda, sectores históricamente atravesados por cuestionamientos vinculados al manejo de fondos estatales y la relación con contratistas privados.
En ese contexto, la posible existencia de bienes no declarados en el exterior no es un dato menor: expone una contradicción directa con el discurso de austeridad y control que el propio Gobierno intenta instalar, y abre interrogantes sobre los mecanismos reales de supervisión interna.
El silencio oficial, lejos de aportar claridad, profundiza las dudas. Ni el funcionario involucrado ni el Ministerio de Economía dieron explicaciones hasta el momento, mientras que la Casa Rosada optó por no pronunciarse. Esa ausencia de respuestas frente a una acusación de esta magnitud no hace más que alimentar la percepción de opacidad.
El caso podría derivar en investigaciones por enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa en declaraciones juradas, figuras contempladas en la legislación vigente. También deja en evidencia la debilidad —o falta de voluntad— de los organismos de control para detectar inconsistencias patrimoniales de manera preventiva.
Además, el episodio no aparece aislado. Se suma a una serie de denuncias y controversias que involucran a figuras del oficialismo, erosionando la credibilidad de una gestión que hizo de la lucha contra la corrupción uno de sus ejes discursivos centrales.
La situación plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: si quienes administran áreas sensibles no pueden explicar con claridad su propio patrimonio, ¿qué garantías existen sobre el manejo de los recursos públicos?
Más allá del desenlace judicial, el daño político ya está en marcha. La reiteración de casos de este tipo no solo desgasta la imagen oficial, sino que también reaviva una desconfianza estructural en la dirigencia, que trasciende gobiernos y signos políticos, pero que encuentra en estas situaciones nuevos argumentos para profundizarse.