La creciente tensión entre el Gobierno nacional y los municipios sumó un nuevo capítulo que expone, una vez más, los efectos colaterales del esquema económico impulsado por el ministro Luis Caputo bajo la administración de Javier Milei. Tras una masiva movilización frente al Ministerio de Economía, intendentes de todo el país comenzaron a analizar una denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos, en un contexto donde denuncian la retención indebida de recursos que, por ley, deberían destinarse a obras y servicios esenciales.
Los jefes comunales, nucleados en la Federación Argentina de Municipios, advirtieron que, si no son convocados a una instancia de diálogo para normalizar el flujo de fondos, avanzarán judicialmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación central apunta a un presunto desvío de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que tienen asignación específica para infraestructura vial y transporte.
El reclamo no es menor: según la normativa vigente, esos fondos deben alimentar fideicomisos destinados principalmente a obras viales. Sin embargo, los intendentes sostienen que el Gobierno está incumpliendo esa obligación, redireccionando parte significativa de esos recursos hacia el circuito financiero, en línea con una política económica que prioriza el equilibrio fiscal y la estabilización macro, pero que —según los críticos— lo hace a costa de desfinanciar áreas clave de la economía real.
Las cifras que manejan desde la FAM refuerzan esa sospecha. Durante el último año, se habrían recaudado alrededor de 3,5 billones de pesos para infraestructura de transporte, pero solo una parte llegó efectivamente a los organismos encargados de ejecutar obras. La diferencia, estiman, supera el billón de pesos, lo que alimenta las denuncias sobre un posible uso discrecional de esos fondos.
A esto se suma lo ocurrido en el primer trimestre del año, donde —según el mismo análisis— se recaudaron 1,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles sin que ese dinero se traduzca en mejoras en rutas ni en una reducción del precio de los combustibles. Para los intendentes, esto no solo agrava el deterioro de la infraestructura, sino que también impacta directamente en la vida cotidiana de la población, encareciendo costos logísticos y profundizando la recesión en las economías regionales.
El trasfondo de la denuncia revela una crítica más amplia al rumbo económico: un modelo que, en su afán de ordenar las cuentas públicas, termina concentrando recursos en el nivel central y restringiendo la capacidad de acción de provincias y municipios. En ese esquema, los gobiernos locales quedan atrapados entre una mayor demanda social —producto del ajuste— y una menor disponibilidad de fondos para dar respuesta.
La advertencia de judicialización, impulsada por dirigentes de distintos espacios políticos —desde el peronismo hasta sectores del radicalismo y fuerzas provinciales—, refleja además un creciente consenso territorial sobre los límites del actual programa económico. No se trata solo de una disputa administrativa, sino de una puja por el control y destino de recursos que, según sostienen, pertenecen a las comunidades.
Mientras tanto, en los pasillos de la política y la Justicia empieza a instalarse una preocupación concreta: que estas denuncias no queden en el plano discursivo y avancen en los tribunales federales, abriendo un frente judicial que complique aún más la ya tensionada relación entre la Nación y el interior del país. En definitiva, lo que está en juego no es solo la legalidad de una partida presupuestaria, sino el equilibrio mismo de un modelo económico que comienza a mostrar fisuras en su impacto territorial.