Las inconsistencias en torno a la operación inmobiliaria que involucra a Manuel Adorni empiezan a perfilar un escenario que, más que una simple compraventa, abre interrogantes sobre la transparencia de sus movimientos patrimoniales.
Las imágenes del “antes y después” del departamento ubicado en Caballito —sobre la calle Miró al 550— no solo exhiben una remodelación profunda, sino que también refuerzan las dudas que hoy analiza la Justicia respecto de las condiciones reales en las que se concretó la operación.
Según la documentación incorporada a la causa, el inmueble fue adquirido por Adorni por un valor declarado de 230 mil dólares. Sin embargo, apenas 30 mil habrían sido abonados en efectivo, mientras que los 200 mil restantes fueron financiados directamente por las vendedoras, un esquema poco habitual para este tipo de transacciones y que despierta sospechas sobre posibles acuerdos paralelos o condiciones no explicitadas en la escritura.
La cadena de ventas previa tampoco contribuye a despejar dudas. El departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, quien aseguró haberlo vendido en 200 mil dólares a dos jubiladas —Beatriz Viegas y Claudia Sbabo—, es decir, muy por debajo de la cotización inicial que manejaba la Inmobiliaria Rucci. La justificación: el estado del inmueble y la dificultad para concretar la venta.
No obstante, tras una remodelación integral —que incluyó cambios estructurales, renovación de pisos y redistribución de ambientes—, el departamento fue revendiendo por apenas 30 mil dólares más. Ese margen resulta, como mínimo, llamativo frente al costo habitual de una refacción de esa magnitud, lo que lleva a los fiscales a preguntarse si el valor real de la operación fue otro y si hubo subdeclaración en la escritura.
En paralelo, el expediente también incorpora otros movimientos que tensionan la coherencia entre ingresos declarados y nivel de gastos. Entre ellos, un viaje familiar a Aruba realizado en diciembre de 2024, con pasajes adquiridos a través de LATAM Airlines por un total de 5.800 dólares. Aún no hay datos sobre el costo del alojamiento, lo que suma otro punto a esclarecer en el análisis global de su patrimonio.
La investigación dio un paso clave cuando el juez Ariel Lijo resolvió levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. La medida permitirá al fiscal acceder a declaraciones juradas, movimientos de cuentas, consumos con tarjeta e inversiones, con el objetivo de determinar si existe correspondencia entre los ingresos del funcionario —que permanecieron congelados durante buena parte de su gestión— y el nivel de gastos y adquisiciones detectadas.
En este contexto, lo que podría haber pasado como una operación inmobiliaria más comienza a adquirir otra dimensión. No solo por la estructura de financiamiento inusual, sino por la acumulación de indicios que, en conjunto, dibujan un cuadro que la Justicia ahora intenta descifrar: si se trata de una transacción legítima o de una ingeniería financiera destinada a disimular el verdadero flujo de dinero detrás de la compra.