El Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco declaró desierto el concurso para cubrir dos cargos de fiscalías con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña (Fiscal de Investigación con funciones en el Equipo Fiscal N° 1 y Fiscal de Investigación Penal N° 5), al no alcanzarse los votos necesarios para designar a ninguno de los postulantes. La decisión, tomada en la segunda sesión del año, abrió una fuerte polémica: diputadas y diputados del Frente Chaqueño difundieron un comunicado donde hablan de “grave maniobra para vaciar concursos” y exigen la publicación inmediata del acta y de los fundamentos escritos de la votación.
Qué resolvió el Consejo y cómo se repartieron los votos
Según lo informado tras la sesión, el Consejo avanzó con la votación pero ningún candidato reunió la mayoría requerida, por lo que el concurso quedó formalmente desierto. Se consignaron los votos que conformaron la mayoría para declarar desierto el proceso, y también las propuestas en disidencia que respaldaron a distintos postulantes para cada una de las fiscalías. El organismo anticipó que los fundamentos de cada postura se conocerán una vez aprobada el acta correspondiente.
La definición tiene un impacto directo en la cobertura de dos cargos clave del Ministerio Público en la Segunda Circunscripción Judicial, en un contexto en el que la falta de fiscales suele traducirse en mayor demora en investigaciones y acumulación de expedientes.
La denuncia del Frente Chaqueño: “descalificar sin pruebas” y “presiones” para que el concurso fracase
El comunicado político que circuló en redes sostiene que el concurso se declaró desierto pese a que tres postulantes habrían aprobado todas las etapas del proceso. El texto plantea que no se habrían presentado denuncias, sumarios u objeciones durante el trámite y cuestiona que se haya pedido una abstención basada en consideraciones generales sobre “moralidad”, “buenas costumbres”, “valores” y “ética”, sin precisar hechos concretos ni aportar acreditaciones.
Además, el pronunciamiento afirma que hubo presiones de representantes del gobierno provincial y municipal para que el concurso se fracasara, con el argumento de que los candidatos no estarían alineados políticamente con el oficialismo. En ese marco, el bloque exige la publicación inmediata del acta y los fundamentos escritos, y advierte que el sistema de concursos debe regirse por mérito, reglas claras y transparencia.
Repercusiones en el foro local y el reclamo de explicaciones públicas
En el debate público posterior, también aparecieron cuestionamientos desde el ámbito jurídico. Una de las reacciones más difundidas fue la de la abogada penalista Adriana De Langhe, quien describió el concurso desierto como un hecho que afecta la confianza social en la Justicia y señaló responsabilidades institucionales en la representación de los abogados de la circunscripción, en una columna replicada por medios de Sáenz Peña.
Con el concurso caído, el punto que pasa a ser central es la publicación del acta y de los fundamentos: si el Consejo expone por escrito los criterios utilizados para abstenciones y votos, y si esos criterios se ajustan a reglas objetivas del procedimiento. Hasta que eso ocurra, la discusión seguirá corriendo entre dos planos: la decisión institucional del órgano y la sospecha política que denunció la oposición.