A once años de la primera marcha, la consigna vuelve a reunir reclamo, memoria y denuncia. En Resistencia, la convocatoria será este miércoles desde las 17 en avenida 9 de Julio y Vélez Sarsfield. La jornada llega atravesada por casos recientes, el discurso negacionista del gobierno de Javier Milei y el recorte institucional de las políticas de género en Chaco.
Este miércoles 3 de junio, Ni Una Menos vuelve a las calles en todo el país. La consigna nació en 2015, después del femicidio de Chiara Páez, y once años después conserva una vigencia dolorosa. Las cifras oficiales muestran una baja en los femicidios registrados durante 2025, pero los casos recientes vuelven a dejar una certeza incómoda. La violencia machista sigue golpeando, y el Estado llega tarde demasiadas veces.
En Resistencia, la marcha comenzará a las 17, con concentración en avenida 9 de Julio y Vélez Sarsfield. Desde allí, organizaciones feministas, sociales, sindicales y de derechos humanos se movilizarán hacia la plaza central. La convocatoria chaqueña se inscribe en una jornada nacional atravesada por el reclamo de justicia, prevención y políticas públicas sostenidas.
Casos recientes y una estadística que exige contexto
La Corte Suprema informó que en 2025 se investigaron 204 causas judiciales por posibles femicidios, con 200 víctimas directas y 19 víctimas vinculadas. El registro marcó una víctima directa cada 44 horas y una caída del 12,3% respecto de 2024. Es el dato oficial de la Oficina de la Mujer, construido a partir de causas judiciales de todo el país.
La discusión pública sobre el informe advirtió que parte de esa reducción está influida por la caída de homicidios en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor peso poblacional del país. Por eso, una variación anual no alcanza para hablar de una tendencia consolidada ni para usar el dato como excusa para retirar políticas de prevención.
Los casos recientes muestran la dimensión concreta del problema. En Córdoba, el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, volvió a exponer fallas en la búsqueda, prejuicios iniciales y demoras que se repiten en muchas investigaciones. En Misiones, Dulce María Candia, de 17 años, fue hallada sin vida en una construcción abandonada de Eldorado. En las últimas horas, la Policía detuvo a un hombre de 46 años señalado como sospechoso del crimen.
En Chaco, el femicidio de Graciela López también permanece como una herida reciente. Fue asesinada por su expareja en Puerto Vilelas y dejó tres hijos. El caso volvió a poner en discusión la respuesta institucional frente a las denuncias, las medidas de protección y el acompañamiento a las víctimas antes de que la violencia llegue a un punto de no retorno.
Un gobierno nacional que niega el problema
La marcha de este 3J ocurre en un clima político distinto al de otros años. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, las políticas de género fueron desjerarquizadas, reducidas o directamente desmanteladas. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue eliminado al inicio de la gestión y luego también se cerró la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
A ese retroceso institucional se sumó una decisión discursiva. Milei cuestionó públicamente la figura penal del femicidio y planteó avanzar contra leyes de paridad y políticas de igualdad. El mensaje político es claro. La violencia de género deja de ser tratada como una problemática específica y pasa a ser presentada como una exageración ideológica.
Ese giro tiene consecuencias. Cuando el Estado niega o relativiza el problema, debilita las herramientas de prevención, asistencia y protección. La violencia machista requiere justicia, presupuesto y decisión política. Los discursos de burla o negación solo empujan el debate hacia atrás.
Chaco y el recorte provincial
En Chaco, el gobierno de Leandro Zdero también tomó una decisión institucional fuerte al inicio de su gestión. La nueva Ley de Ministerios eliminó la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros como estructura específica. Especialistas advirtieron entonces que esa medida podía afectar el seguimiento de víctimas y la participación estatal como querellante en causas de femicidios o violencias por motivos de género.
La provincia mantiene áreas vinculadas a género dentro de una estructura de menor jerarquía, pero el recorte político ya marcó una señal. En un territorio atravesado por casos graves, la respuesta estatal necesita más equipos y más recursos. La protección de mujeres y diversidades víctimas de violencia exige presupuesto y capacidad real de intervención.
El 3J vuelve entonces a tener un sentido urgente. La marcha de esta tarde en Resistencia no será solo una conmemoración. Será un reclamo frente a los femicidios recientes, frente al negacionismo nacional y frente al achicamiento de las políticas públicas en la provincia.
A once años del primer Ni Una Menos, la marcha vuelve a exigir respuestas concretas frente a la violencia machista.