La Comisión Europea ratificó su disposición a avanzar con la implementación provisoria del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, aun cuando el Parlamento Europeo decidió paralizar su aplicación plena tras una votación ajustada y cargada de controversias políticas y jurídicas.
El tratado, firmado el fin de semana pasado, quedó en suspenso luego de que el Parlamento resolviera remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La moción se aprobó por una diferencia mínima: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. El eje del debate fue si el acuerdo respeta los tratados fundacionales de la UE y los marcos normativos vigentes, una discusión que ahora pasará al plano judicial.
Pese a ese revés legislativo, desde el núcleo del poder comunitario dejaron en claro que el proceso no está cerrado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el organismo está en condiciones de aplicar el acuerdo de manera provisional una vez que al menos uno de los países del Mercosur lo ratifique. “Existe un interés claro en garantizar que los beneficios de este acuerdo se apliquen lo antes posible”, señaló tras una cumbre de líderes europeos en Bruselas, y resumió: “Estaremos listos cuando ellos estén listos”.
Von der Leyen aclaró, no obstante, que aún no se adoptó una decisión formal para activar esa vía provisoria. En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo que la Comisión cuenta con la autoridad necesaria para avanzar en la puesta en marcha parcial del pacto, aun sin la ratificación plena de todos los órganos legislativos del bloque.
La definición del Parlamento europeo de frenar la aplicación total del tratado volvió a dejar al acuerdo en una zona de indefinición. El texto será ahora analizado por el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, que deberá determinar si el contenido del pacto se ajusta al derecho comunitario. El TJUE está compuesto por dos instancias: el Tribunal de Justicia, integrado por un juez de cada uno de los 27 Estados miembros, y el Tribunal General, conformado por dos jueces por país.
Según detalla el propio organismo en su sitio oficial, su función es garantizar una interpretación uniforme de la legislación europea y velar por el cumplimiento de las normas tanto por parte de los Estados miembros como de las instituciones comunitarias. Hasta que se expida, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur permanecerá formalmente en suspenso, aunque con una puerta abierta a una aplicación parcial que profundiza las tensiones políticas dentro del bloque europeo y anticipa un escenario de disputa institucional de alto voltaje.