CAPITANICH PROPONE ANULAR POR LEY EL DNU “DEL ESPIONAJE”, QUE HABILITA UN SISTEMA DE INTELIGENCIA SIN CONTROLES DEMOCRÁTICOS
El senador nacional Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo avanzó en una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. La iniciativa busca frenar lo que el legislador calificó como un avance inconstitucional y peligroso sobre derechos y garantías básicas.
Capitanich advirtió que el decreto habilita un sistema de inteligencia sin controles democráticos, con amplias facultades discrecionales y sin el debido debate parlamentario. En ese marco, cuestionó el uso del DNU para modificar un régimen normativo altamente sensible, señalando que se vulnera la división de poderes y se debilitan principios constitucionales esenciales.
El proyecto se apoya en varios ejes de impugnación, entre ellos un análisis del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es citado de manera textual. Según ese enfoque, el DNU configura en los hechos la creación de una “policía secreta”, al otorgar atribuciones extraordinarias a los organismos de inteligencia, incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial, un punto que despierta fuertes alertas institucionales.
El senador también sostuvo que el decreto otorga un manto de legalidad a prácticas de espionaje antidemocráticas e inconstitucionales. En particular, advirtió que la ampliación de las facultades de contrainteligencia consolida la lógica del “enemigo interno” y abre la puerta al espionaje por razones políticas, sindicales o periodísticas, prácticas expresamente prohibidas por la ley 27.126, que fue derogada previamente por el DNU 614/2024.
Otro de los aspectos cuestionados es la concentración del presupuesto de inteligencia en la SIDE, que pasa a elaborar, administrar y controlar los fondos sin mecanismos efectivos de supervisión. Para Capitanich, este esquema profundiza la opacidad y el manejo discrecional de recursos, poniendo en riesgo el control democrático del sistema de inteligencia.
En la misma línea, el proyecto alerta sobre la creación de la denominada “Comunidad Informativa Nacional”, destinada a integrar datos en tiempo real. El senador advirtió que, sin un marco sólido de control y garantías, este dispositivo habilita prácticas de vigilancia masiva y convierte a organismos como el ReNaPer y la ARCA en potenciales engranajes de un sistema de monitoreo estatal permanente sobre la ciudadanía.
Más allá del contenido del decreto, Capitanich centró buena parte de sus críticas en el mecanismo utilizado por el Ejecutivo. Remarcó que el Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por decreto y que no se verifica la “necesidad y urgencia” exigida por la Constitución Nacional para justificar un DNU. Señaló además que el Presidente contaba con la vía institucional adecuada para impulsar cambios, a través del envío de un proyecto de ley al Congreso, y no mediante la apropiación de facultades propias del Poder Legislativo.
Desde el Senado, el legislador planteó la necesidad de recuperar el rol central del Congreso en la discusión de políticas públicas estratégicas y de garantizar que cualquier reforma en materia de inteligencia se realice con transparencia, límites claros y pleno respeto por los derechos fundamentales.
“Este no es solo un DNU. Es la consolidación, vía decreto, de un sistema de control y vigilancia que cercena libertades, concentra poder de manera extrema y nos retrotrae a épocas que creíamos superadas. Es un golpe a la división de poderes y un salto al abismo institucional. El Congreso debe reafirmar su autoridad y derogar este instrumento inconstitucional”, concluyó Capitanich.