El Interbloque Frente Chaqueño difundió este miércoles 7 de enero de 2026 un comunicado con tono de alarma y confrontación política por la situación del transporte público en Chaco. La oposición sostiene que la crisis “no es natural ni inevitable”, sino consecuencia de decisiones de ajuste y desfinanciamiento, y advierte que el costo se está trasladando a usuarios y trabajadores.
Qué dice el comunicado y a quién responsabiliza
El texto plantea una idea central: el transporte no debería tratarse como un negocio sino como un derecho social que habilita el acceso al trabajo, la educación y la salud. En esa línea, acusa al Gobierno provincial de responder con “parches” y “declaraciones de emergencia vacías”, mientras se profundizan problemas como la caída de frecuencias, servicios suspendidos y deterioro del sistema.
También enumera señales de deterioro que, según el interbloque, marcan un modelo de retiro del Estado:
- la suspensión de choferes y la amenaza sobre los puestos de trabajo
- el “abandono” del boleto educativo
- falta de previsibilidad financiera y ausencia de un plan integral de movilidad
El contexto: suspensiones, conflicto laboral y tarifa en discusión
El comunicado llega con el conflicto ya encendido. En los últimos días se reportaron suspensiones por 30 días que alcanzan a unos 90 trabajadores, principalmente en ERSA y TCM, con presentaciones del gremio ante la Dirección Provincial del Trabajo y advertencias de que el conflicto puede escalar.
En paralelo, está en el aire la discusión por los costos del sistema y la tarifa. Está previsto un boleto de $1.885 desde el 12 de enero en el Gran Resistencia y se informó que la Provincia cubriría parte de la brecha con subsidios mensuales superiores a $1.800 millones, en un escenario donde igual se registran recortes de frecuencias y tensiones laborales.
La pelea política de fondo: “más Estado” versus “ajuste inevitable”
El Frente Chaqueño no solo critica. También propone un marco: reivindica un modelo previo de gestión del transporte con participación activa del Estado y menciona, en particular, la etapa de Jorge Capitanich como ejemplo de subsidios y planificación para contener tarifas, sostener empleo y garantizar frecuencias.
Y traza una línea roja: rechaza que la salida sea ajustar por cuatro vías (tarifazos directos o indirectos, recortes de servicios, suspensiones o despidos, y traslado del costo al usuario). El mensaje final es político y práctico a la vez: si el sistema se “ordena” haciendo pagar a la gente lo que el Estado no quiere o no puede sostener, el resultado no es equilibrio, es exclusión.