La crisis venezolana entró en una fase todavía más inestable: tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina para asegurar “continuidad administrativa” en lo que el propio tribunal describió como una “ausencia forzosa” del mandatario.
En paralelo, Brasil decidió reconocerla como la autoridad de hecho, mientras Donald Trump endureció su mensaje y condicionó cualquier “transición” a la obediencia de Caracas.
Una presidencia interina dictada por el TSJ, con Maduro detenido
La decisión del TSJ coloca a Rodríguez como jefa del Ejecutivo “en funciones”, con el argumento de evitar un vacío de poder. Pero el arranque llega cargado de contradicciones: según reportes internacionales, Rodríguez rechazó la operación estadounidense, la calificó como un secuestro ilegal y exigió la liberación de Maduro, lo que tensiona la idea de una transición “ordenada” bajo tutela externa.
En otras palabras: se formaliza una conducción provisional, pero no necesariamente una salida política. La arquitectura institucional que invoca el TSJ no resuelve por sí sola el problema central: quién manda realmente cuando el poder efectivo depende de las Fuerzas Armadas, del control territorial y del reconocimiento externo.
Brasil reconoce a Rodríguez y busca un interlocutor para evitar el vacío
Brasilia fue de los primeros en mover ficha: el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva informó que reconoce a Delcy Rodríguez como la líder de Venezuela en ausencia de Maduro, en tanto vicepresidenta y figura de continuidad institucional. La explicación brasileña, expresada por autoridades de la cancillería, apunta a algo bastante terrenal: alguien tiene que “atender el teléfono” del Estado venezolano para evitar que el país quede en tierra de nadie.
Ese reconocimiento no implica aval político al chavismo, pero sí una apuesta pragmática por estabilizar la interlocución regional en un contexto explosivo. El costo es obvio: al reconocer a una figura del núcleo duro del poder, Brasil se expone a críticas de quienes reclaman un cambio total y elecciones inmediatas, sin continuidad del esquema anterior.
Trump endurece la presión: “precio más alto” si no coopera
Desde Washington, Trump elevó el tono. En una entrevista con The Atlantic, advirtió que Rodríguez podría pagar “un precio” incluso “más alto” que Maduro si no “hace lo correcto” y coopera con la transición diseñada por Estados Unidos. El mensaje es doble: por un lado, pretende instalar que Rodríguez es una administradora “aceptable” si obedece; por el otro, deja claro que el margen de autonomía será mínimo.
La paradoja es que, al mismo tiempo, sectores del propio gobierno estadounidense discuten la legitimidad de Rodríguez como conducción, insistiendo en que el futuro liderazgo debería surgir de un proceso electoral reconocido, no de una designación judicial bajo presión extraordinaria.
Venezuela queda así en una zona gris peligrosa: una presidenta interina designada por el TSJ, reconocida por Brasil para evitar el vacío, y amenazada por Estados Unidos para encarrilar una “transición” bajo condiciones. En los próximos días, la clave será si Rodríguez consolida un control interno, si se abre una hoja de ruta electoral creíble, y si la región logra evitar que esto derive en una escalada con más violencia. Porque en 2026 seguimos fingiendo sorpresa ante lo obvio: las transiciones forzadas suelen empezar con promesas de “orden” y terminar con un país pagando la factura.