Seis gobiernos de la región y Europa difundieron este domingo un comunicado conjunto contra las “acciones militares ejecutadas unilateralmente” en territorio venezolano, tras la captura y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses. Aunque el texto no nombra a Estados Unidos, el contexto es explícito: cuestionan el uso de la fuerza, alertan por el riesgo para la población civil y piden que la crisis se resuelva sin injerencias externas.
Un comunicado conjunto con un mensaje incómodo: la fuerza no es un atajo legítimo
Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay afirmaron su “profunda preocupación y rechazo” a la operación militar, por contradecir principios del derecho internacional, en especial la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, y el respeto a la soberanía e integridad territorial. En el mismo texto advierten que estas acciones “constituyen un precedente sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, y que ponen en riesgo a la población civil.
El comunicado remarca además un punto que suele aparecer después, cuando ya es tarde: la salida debe ser “exclusivamente por vías pacíficas”, mediante diálogo y negociación, y con un proceso político inclusivo liderado por venezolanos, no por comandos extranjeros.
Recursos estratégicos: el subtexto petrolero y el rechazo a “administrar” Venezuela desde afuera
La declaración incorpora una advertencia directa contra “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, algo que vinculan con amenazas a la estabilidad política, económica y social de la región.
Ese párrafo dialoga, sin nombrarlo, con lo que Trump dijo tras el operativo: que Estados Unidos “va a correr” (run) Venezuela durante la transición y que compañías petroleras estadounidenses invertirían miles de millones para “reparar” infraestructura.
Qué dijo cada país y por qué importa
En paralelo al comunicado conjunto, hubo posicionamientos nacionales que refuerzan el mensaje.
España, por boca de Pedro Sánchez, fue clara: no reconocerá una intervención que viole el derecho internacional, aunque tampoco reconozca al régimen de Maduro. La idea es simple: no se combate una arbitrariedad instalando otra.
Chile, mediante una declaración del presidente Gabriel Boric difundida por Cancillería, condenó en términos explícitos las acciones militares y alertó especialmente sobre la pretensión de un Estado extranjero de “administrar el país” e imponer una transición por la fuerza.
México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó y rechazó “enérgicamente” la intervención militar y la enmarcó en el respeto a la Carta de la ONU y el principio de no intervención.
Uruguay, además de sumarse al comunicado, publicó la declaración conjunta en el sitio oficial de Presidencia y sostuvo la línea histórica de rechazo a intervenciones militares en territorio ajeno.
La condena conjunta de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay marca un límite político: denunciar el autoritarismo venezolano no autoriza a normalizar incursiones armadas, capturas extraterritoriales y proyectos de “administración” de un país ajeno. Si la región acepta ese precedente, después no hay mucha autoridad moral para quejarse cuando el próximo “operativo correctivo” tenga otro destino, otra excusa y otro saldo de víctimas.