El tránsito en la ciudad de Resistencia atraviesa una crisis sostenida que ya no puede explicarse como una suma de hechos aislados. La ausencia de controles efectivos, la violación permanente de las normas viales y una conducta social cada vez más desaprensiva convirtieron a la vía pública en un espacio de alto riesgo, con consecuencias directas en la seguridad, la salud pública y el uso de recursos del Estado.
Circular sin casco en motocicleta, cruzar semáforos en rojo, exceder los límites de velocidad, usar el celular al volante, estacionar en cualquier lugar y no respetar prioridades básicas son prácticas cotidianas. La falta de sanciones visibles y sostenidas consolidó una percepción de impunidad que refuerza la idea de que las normas de tránsito son meramente decorativas. En ese contexto, el cumplimiento de la ley queda librado a la buena voluntad individual, una estrategia que ya demostró ser ineficaz.
El resultado es un crecimiento constante del índice de siniestros viales. Accidentes que podrían evitarse se repiten a diario, con especial protagonismo de motociclistas, peatones y ciclistas, los sectores más vulnerables del sistema de tránsito urbano. Lesiones graves, discapacidades permanentes y muertes forman parte de un escenario que se naturalizó peligrosamente en la agenda pública.
Este deterioro tiene un impacto directo en el sistema de salud. Las guardias hospitalarias y los servicios de emergencias médicas destinan una porción cada vez mayor de su capacidad a la atención de víctimas de accidentes de tránsito. Ambulancias ocupadas, camas críticas utilizadas por traumatismos evitables, cirugías de urgencia y largos procesos de rehabilitación generan un costo económico elevado y, sobre todo, una sobrecarga que reduce la capacidad de respuesta ante otras emergencias sanitarias.
Cada siniestro vial grave implica recursos humanos, insumos médicos, horas de quirófano y seguimiento prolongado. Ese gasto no es abstracto: se traduce en menos disponibilidad para pacientes con enfermedades crónicas, accidentes domésticos o situaciones imprevisibles. El tránsito descontrolado termina así erosionando silenciosamente la calidad del sistema de salud pública.
A esto se suma el impacto social. Familias que pierden ingresos por lesiones incapacitantes, personas jóvenes que quedan fuera del mercado laboral y un aumento del estrés colectivo asociado a la circulación urbana. La ciudad se vuelve hostil no solo para conducir, sino también para caminarla.
La problemática no responde a una sola causa. La falta de controles sistemáticos, la escasa presencia de inspectores, la ausencia de campañas de concientización sostenidas y una débil política de sanciones conforman un combo que favorece el desorden. Sin fiscalización real, no hay prevención posible. Sin sanción, no hay cambio de conducta.
Resistencia enfrenta una decisión de fondo: seguir tolerando un tránsito caótico con costos humanos y económicos crecientes, o asumir que el control, la educación vial y la aplicación estricta de la ley no son medidas antipáticas, sino herramientas básicas de cuidado colectivo. Mientras las normas sigan sin cumplirse y el Estado se mantenga al margen, el precio se seguirá pagando en accidentes, en hospitales saturados y en vidas que no deberían perderse en la calle.